miércoles, 7 de octubre de 2009

El golpe ha costado a Honduras el equivalente a 6% del PIB

Reuters
Arturo Cano
Enviado

Tegucigalpa, 6 de octubre. La dueña de una tienda de suvenires, en una de
las zonas más caras de esta ciudad, apura a los herreros para que terminen
de instalar la nueva reja que ha de proteger su negocio. Hace unas
semanas, con motivo de un acto de campaña de Elvin Santos, candidato
del Partido Liberal (PL) a la presidencia su negocio sufrió... huevazos, a
cargo de los zelayistas. La señora es muy prevenida, aunque en realidad
los huecos en las rejas que instala, frente a un hotel donde suelen ofrecer
ruedas de prensa los políticos, son tan grandes que los huevos podridos
pasarán sin problemas.

La señora es, además, despistada, porque es altamente improbable que la
resistencia acuda a lanzar huevos a José Miguel Insulza, secretario general
de la Organización de Estados Americanos (OEA), o a cualquiera de los
miembros de la nutrida delegación de cancilleres y altos funcionarios de una
decena de países que vuelan la mañana de este miércoles de Miami a
Toncontín.

Pero esas rejas que manda poner la señora sí tienen un sentido: ya son
parte de la enorme suma que ha costado a Honduras el golpe de Estado,
equivalente a 6 por ciento del producto interno bruto del país.

Héctor Soto es un joven profesional que está sin dobleces contra el golpe. Y
también alguien que lamenta que en la mesa, de cuya instalación serán
testigos los cancilleres, no haya sino espacio para el arreglo entre dos
cúpulas enfrentadas.

"¿Diálogo? ¿Cuál diálogo? Lo que hay es una negociación sobre la parte
puramente política, que no va a llegar a ninguno de los problemas de fondo
de Honduras, a la terrible desigualdad social, agravada por el enorme costo
del golpe de Estado".

Soto es coordinador de la unidad técnica del Grupo Sociedad Civil (GSC),
que reúne a grupos y organizaciones de 12 sectores sociales, que van de
sindicatos a agrupaciones empresariales, pasando por ONG.

Un estudio de ese grupo le ha puesto números al golpe de Estado: 15 mil
millones de lempiras (unos 790 millones de dólares), que equivalen a 6 por
ciento del PIB.

La cifra es resultado de la suma de, entre otras cosas, las pérdidas
provocadas por los toques de queda, los bloqueos de carreteras, los cierres
de fronteras y aeropuertos, los retenes, la suspensión de recursos
financieros de los organismos multilaterales y de países en particular. A los
anteriores se suman la disminución del turismo y la producción agrícola, la
menor inversión extranjera, la ausencia de créditos, la falta apoyos a las
pequeñas y medianas empresas, la cancelación de proyectos sociales. Con
excepción de los bloqueos de carreteras, cuyo costo estima el GSC en 700
millones de lempiras, las demás son atribuibles al clima creado por el
gobierno de Micheletti o directamente a sus decisiones para combatir la
rebeldía de los zelayistas (el costo estimado de los toques de queda es de 3
mil millones de lempiras).

Eso es lo que ha costado, hasta ahora, la que Roberto Micheletti llama "la
resistencia" de Honduras.

Los costos de la "resistencia" de Micheletti no se quedan dentro de las
fronteras hondureñas.

La inversión extranjera y el turismo se han reducido para todo
Centroamérica, según afirma, a la agencia Afp, el secretario general del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán.

"La inversión se ahuyenta, se nos va", señala el funcionario, quien forma
parte de la comisión de la OEA que acude para ser "testigo de honor" de la
instalación de la mesa de un diálogo que Micheletti ya bautizó como
"Guaymuras" (otro nombre del país, como Hibueras).

Alemán dice que los costos de la crisis política para la región son
"increíblemente grandes", que el intercambio comercial "va a decrecer", que
a eso se suma la reducción (estimada en más de diez por ciento) de las
remesas familiares que envían los millones de migrantes centroamericanos
que viven en Estados Unidos.

Sólo el cierre de fronteras tras el golpe de Estado ha causado pérdidas
diarias por unos cinco millones de dólares.

Por si fuera poco, la Unión Europea ha detenido su acuerdo de asociación
comercial con Centroamérica para presionar al gobierno de facto. "Nos
dificulta articular un tratado de asociación tan trascendental, tan
estratégico.
No podemos continuar los cinco países porque falta Honduras y es evidente
que los europeos dicen, esperen hasta que se arreglen ustedes", dice
Alemán.

La peor parte la llevan, claro, los pobres de Honduras, país que se ubica en
el sitio 122 del Índice de Desarrollo Humano dado a conocer recientemente.

El GSC estima, tras revisar el programa monetario del gobierno, que el
crecimiento de la economía hondureño, estimado en 4 por ciento para el
año que corre, será negativo (menos 2 por ciento).

El recorte de los recursos de la cooperación internacional, dice el análisis
que presenta Soto a nombre del GSC, tendrá un "alto impacto" en la vida de
muchos ciudadanos hondureños, debido a que el financiamiento externo
representa 16.4 por ciento del Presupuesto de la Administración Central
para este 2009. El golpe es mayor si se mide de otro modo: la ayuda
externa representa 56 por ciento de los fondos para la inversión pública
social del Estado.

"No comprendemos por qué la comunidad internacional no ve el daño que
se le hace a un pueblo noble, a un pueblo que tiene grandes necesidades",
decía a mediados de septiembre Gabriela Núñez, la ministra de Finanzas
de Roberto Micheletti.

Lo usual, sin embargo, es que Núñez y otros funcionarios declaren que la
economía del país marcha sobre ruedas y que no hay ningún riesgo a la
vista. También, que de cuando en cuando se rebaje el precio de la gasolina,
así sea unos centavos, pero se anuncie con bombo y platillo.

Desde el golpe, y decididos a ser solidarios con la "resistencia" de
Micheletti, los empresarios anunciaron que congelarían los precios de los
productos de la canasta básica. No cumplieron.

El gobierno, por su lado, anunció que aumentaría los impuestos a las
ganancias superiores a un millón de lempiras. Por supuesto, tampoco lo ha
hecho.

Nadie se ha acordado tampoco de Pizza Hut ni anexas. Los restaurantes de
comida rápida han crecido como hongos en los últimos años por dos
razones: primero, porque las franquicias están en manos de algunos de los
empresarios más poderosos del país. Segundo, porque amparados en una
ley de promoción del turismo ¡no pagan impuestos!

Además de los recortes internacionales, el gobierno de facto enfrenta una
pobre recaudación fiscal y un pésimo ejercicio presupuestal que, sin
embargo, deja ver las prioridades del régimen. Al 28 de septiembre, según
cifras del Ministerio de Finanzas, la Policía Nacional había ejercido 81 por
ciento de su presupuesto anual.

La cifra, en el caso del ejército, es de 80 por ciento. La presidencia de
Micheletti había ejercido, en la fecha citada, 90 por ciento de los recursos
presupuestados para el año. En cambio, en educación y en otras áreas
relacionadas con gasto social, el ejercicio era inferior a 40 por ciento.

Quizá por eso es que Soto dice que "el golpe de Estado no es sino un
instrumento político que busca preservar condiciones que solamente
generan pobreza, inequidad, desigualdad".

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/07/index.php?section=mundo&article
=023n1mun

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