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Los 27 hondureños, que se encontraban manifestando en contra del régimen de facto y fueron reprimidos por la Policía, serán juzgados por sedición, daños a la propiedad privada y manifestaciones ilícitas; a pesar de que al momento de ser capturados se encontraban fuera del área de las protestas.
Al menos 27 hondureños fueron sometidos a un juicio abierto que inició el martes y continúa este miércoles, por los hechos registrados en el Congreso de Honduras la pasada semana, donde cientos de manifestantes protestaban contra el régimen de facto y pedían el regreso del presidente legítimo, Manuel Zelaya.
En esta protesta del Frente de la Resistencia contra el Golpe de Estado, que ya cumple 52 días en pie de lucha, los manifestantes fueron agredidos por la Policía hondureña, ordenada por el régimen ilegítimo instalado en Honduras desde el pasado 28 de junio.
La mayoría de los capturados se encontraban fuera del perímetro de la protesta.
Los presuntos implicados en el hecho serán juzgados por sedición, daños a la propiedad privada y manifestaciones ilícitas.
Uno de los detenidos, el ciudadano Justo Mondragón, denunció a teleSUR que "estando sentados en Parque Central, nos agarraron, nos prendieron a golpes y nos llevaron a los bajos del Congreso por donde están las estatuas y ahí nos siguieron masacrando. De ahí ha sido un proceso largo".
Según informaciones recogidas por esta multiestatal, 11 de los imputados están detenidos en el principal centro penitenciario del país, mientras se efectúa el juicio en la Corte Suprema.
Mientras se realiza este proceso, los seguidores de Manuel Zelaya, continúan en las calles y durante se han apostado frente a la Sala de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), exigiendo la libertad de 27 compañeros, acusados bajo los cargos de robo, daños y manifestaciones ilícitas.
La sala estuvo resguardada por elementos de la Policía, ante el numeroso grupo de simpatizantes de la resistencia.
La audiencia inicial, que se realizó el martes, la llevó a cabo el juez Esteban Quebedo, en compañía de los fiscales, defensores y representantes de los derechos humanos, quien realizó una inspección en las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales Cobras, a solicitud de la defensa de los 27 acusados.
Mientras las consignas y la canción de guerra de los manifestantes "Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo", el juez Esteban Quevedo, escuchaba a las partes para dejar en libertad o decretar el auto de prisión para los 27 imputados, entre ellos un extranjero.
Sin embargo, el Ministerio Público (MP) aseguró que los manifestantes presuntamente causaron daños a la propiedad privada y además desmantelaron dos tiendas de productos electrónicos y de comida rápida.
Será este miércoles cuando que el juez dará a conocer la resolución sobre si deja en libertad a los imputados o les decreta el auto de detención, tal y como lo solicitó la Fiscalía del régimen golpista.
Marco Tulio Amaya, del equipo de abogados defensores de los manifestantes, informó que durante la audiencia en la primera jornada de tres horas se presentaron varias nulidades por violaciones a los derechos humanos y recusaciones contra la fiscal, Gloria Barahona, por haber menospreciado a los imputados y violentar el estado de inocencia de los mismos.
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