LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE Y EL DEPARTAMENTO ESTADO

(Melvin López Herrera)

Recientemente fue divulgado el pronunciamiento oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en el que se deja muy bien definida la posición de ese órgano del gobierno americano, en el sentido de calificar los acontecimientos del reciente 28 de junio en Honduras como un categórico e indiscutible golpe de Estado real, ejecutado según lo establece dicho pronunciamiento por los poderes Legislativo y Judicial junto con la cúpula de la estructura militar de nuestra nación.

No es necesario recurrir a ese pronunciamiento para adquirir conciencia de que, contrario a lo que muchos de forma interesada y sistemática pretenden negarlo, lo que ha ocurrido en nuestra nación ha sido una ruptura del orden constitucional, mediante la cual el Estado de Honduras ha sido golpeado en uno de sus pilares que, conforme a nuestra régimen de derecho, integra constitucionalmente junto con los otros dos su estructura política y jurídica.

El Departamento de Estado fue muy claro en manifestar que, como consecuencia de este golpe de Estado suspenderá una amplia gama de ayuda a nuestro país; y fue más allá al referirse al próximo proceso eleccionario cuando establece que el mismo deberá ser transparente y estar libre de mancha para que su resultado reciba el respaldo de aquel país; siendo todavía más que categórico al expresar que en la actualidad no se dan las condiciones para ese respaldo.

Ese pronunciamiento, que es una contundente advertencia, ha sido minimizado e interpretado a conveniencia de quienes desde el poder mismo se empecinan en mantener la ilegalidad creada en junio reciente; todo ello con el confabulado apoyo de algunos comunicadores sociales (llámeseles periodistas, directores de medios y espacios informativos, columnistas, analistas políticos etc.) quienes, estando obligados a no desinformar a la nación, por ética profesional y por el ineludible principio de objetividad que están llamados a observar en su conducta comunicativa, deberían sentirse exigidos a mantener el comportamiento debido ante esta realidad actual, la que no se puede ocultar ni a propios ni a extraños, como quien pretendiera tapar el sol con un dedo. Se dice con insistencia que este proceso electoral se inició el año pasado cuando todavía no se habían dado los sucesos del 28 de junio, como para justificar la validez del mismo; pretendiendo ignorar por conveniencia y no por ignorancia que por esa época nos regíamos por un Estado de derecho, y que para esta segunda etapa muchos que salieron electos (pre- clasificados) en aquella ocasión ahora han quedado manchados y marcados con los hechos sucedidos en junio.
El Departamento de Estado no nos dice otra cosa distinta que, esa transparencia en el proceso electoral no podría darse si persisten las condiciones actuales. Estas condiciones actuales no son otras que, las elecciones se estarían dando dentro de un régimen de facto producto de la ruptura del orden constitucional en Honduras y que, con el señalamiento que le hace al poder Legislativo, entre los nominados a participar como candidatos en las elecciones de noviembre están muchos que con lo ocurrido el reciente 28 de junio se convirtieron en autores y protagonistas del golpe de Estado por lo que, al estar manchados, están en la cuerda floja teniendo que asumir imprescriptiblemente la responsabilidad que se les pueda deducir en cualquier momento, incluyendo la inhabilitación al menos en sus derechos políticos. En otras palabras el Departamento de Estado nos está indicando que no podría reconocer el resultado de unas elecciones, de las cuales por un simple conteo numérico muchos responsables de ese golpe podrían alcanzar de nuevo una curul en el Congreso Nacional. Es aquí precisamente en donde el Departamento de Estado nos escribe entre líneas, para que inteligentemente las sepamos leer, que su posición actual no podría variar a futuro mientras no se borre, mediante la vuelta al orden constitucional, el golpe de Estado real ocurrido en Honduras; y que debemos tener presente que este proceso no solo comprende la elección de un nuevo presidente sino que también, además de las autoridades municipales, la de los diputados que integrarán el nuevo Congreso Nacional, entre cuyos candidatos hay muchos que están manchados.

Ya más claro no se nos puede hablar. El departamento de Estado ha puesto las cartas sobre la mesa. El poner oídos sordos a esa develada advertencia traerá como resultado el padecimiento de la gran mayoría, por la irresponsabilidad y terquedad de quienes se empecinan en no rectificar sobre el histórico zarpazo que en junio dieron a nuestra constitución y al Estado de derecho en Honduras, debilitando con ello aún más esta endeble democracia en que vivimos.

El querer utilizar per saltum la justicia por sus propias manos desde el Congreso Nacional desconociendo la garantía del debido proceso y la exclusividad jurisdiccional que sobre ello nos señala nuestra carta magna; el avalar con comunicados y pronunciamientos los hechos del 28 de junio, desde la cúspide del órgano encargado de impartir justicia, sin haberse dictado previamente sentencia alguna como conclusión de un proceso judicial; el mantenerse inerte el ente creado para investigar y perseguir, en este caso, el o los delitos que pudieren haberse dado con la consumación de los hechos del 28 de junio; todo ello, ha creado este gran embrollo al que ha sido llevada la nación entera por no haberse dimensionado estas desastrosas consecuencias.