Golpe de Estado, derechos humanos y amnistía

From: Omar Edgardo Rivera

Desde que militares perpetraron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, con el apoyo de políticos y empresarios de la línea mas dura del conservadurismo catracho, muchos han sido los perjuicios a la nación; los daños, muchos de ellos irreversibles, han sido en el ámbito político, económico y social.

En los últimos dos meses, sobresalen los excesos que el régimen usurpador ha ejecutado contra las personas y las empresas, violando derechos, limitando libertades y suspendiendo garantías constitucionales; todo consciente ciudadano lo ve y los que más activamente protestan lo sienten en carne propia. Inclusive, en el mundo entero organismos especializados han manifestado su voz de protesta por la violación de los derechos humanos de los hondureños y hondureñas, y muchos medios de comunicación extranjeros se sorprenden de la poca relevancia que se le da a la temática por parte de la prensa nacional y la abulia de los operadores de justicia y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ante la brutal actuación de los golpistas.

Se viola el derecho a la vida matando a los manifestantes en las calles, se le niega igualdad ante la Ley y la pronta justicia a los perseguidos por tentáculo abusadores, se limita el derecho a la libre circulación y asociación durante los toques de queda, y se disminuyen las opciones para expresarse públicamente cuando se reprimen las marchas pacificas de los que no están de acuerdo con el golpe de Estado, se controla la línea editorial de la mayoría de noticieros y periódicos del país, y se atenta en contra de las televisoras y estaciones radiales que permiten a la resistencia expresar su repudio ante la voracidad de los que detentan el poder de forma arbitraria, clausurando o suspendiendo sus transmisiones.

A partir el Golpe, el Estado ha disminuido su capacidad de responder a las necesidades de la ciudadanía, ha reducido la calidad de los servicios que presta y ha interrumpido algunos de ellos; los sectores de salud, educación y seguridad son los más afectados. Derechos civiles y políticos han sido violados por la autoridad estatal, derechos económicos, sociales y culturales han deja do de ser prestados por las dependencias que deben proporcionarlos, y el progreso, el desarrollo y la paz cada día se ven más lejos como consecuencia de la convulsión social generada por el rompimiento del orden constitucional.

Lo que esta a la vista no necesita anteojos, pero algunos están ciegos, como Roberto Micheletti Bain, que dice que aquí no pasa nada grave, que solo “cuatro gatos” andan protestando y que “aquí no se ha derramado ni una tan sola gota de sangre de ningún hondureño”.

Quienes si ven los son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y el juez español Baltasar Garzón. En un reporte preliminar, la CIDH ha podido constatar que luego del golpe de Estado se “ha creado una situación de ilegitimidad democrática que tiene un impacto negativo sobre la vigencia de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras” y comprobó “la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de fuerzas policiales y militares, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía, que tuvo como consecuencia la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y amenazas y agresiones a periodistas”; asimismo, Amnistía Internacional ha afirmado que recogió pruebas de los abusos perpetrados por el gobierno de facto de Honduras, entre las que se encuentran “arrestos arbitrarios masivos y malos tratos dispensados a los manifestantes” que podrían considerarse “graves y cada vez más preocupantes”, mientras que el juez Garzón pudo ver –según sus propias palabras- “personas con fracturas de clavículas, manos, golpes en rostro, cuerpo, y relatos de líderes políticos que están siendo perseguidos, amenazados”.

Por lo que vemos los conscientes y lo que ven los objetivos observadores internacionales, vale la pena –por enésima vez- clamar por justicia, pedir a la autoridad competente que proceda a hacer las pesquisas, a preparar las acusaciones del caso, a juzgar con rapidez y a castigar a los culpables de estos crímenes y demás delitos; es necesario que el Comisionado Ramón Custodio despierte de su asquerosa “siesta” y que el Fiscal General del Estado, Luís Rubí deje de ser blandengue ante los que violan los derechos humanos.

Esto es lo que hay que hacer, presionar a las instancias nacionales, y si no reaccionan, acudir a las internacionales. No admisible estar pensando en otra cosa, mucho menor que –ni siquiera adyacentemente- quienes tienen las manos manchadas de sangre se beneficien de la tan mentada amnistía propuesta en el marco del Acuerdo de San José; no debe existir ni perdón ni olvido para quienes dieron la orden de disparar, golpear o reprimir con fuerza excesiva a quienes –al amparo de lo dispuesto en la Carta Magna- protestan y se resisten a reconocer al gobierno golpista, ni a quienes ejecutaron la misma, ni a quienes, teniendo el deber de perseguir el delito, se han hecho de la vista gorda con este carnaval dantesco de despotismos y transgresiones.

Posdata: Algunos “vivos”, sobrevivientes de la cacería de la década del ochenta, están promocionando la aprobación de una “amnistía general” que se aplique a los delitos políticos cometidos antes y después del 28 de junio de 2009, y hasta la firma del Acuerdo de San José, para beneficiarse de ella, y no pagar por los secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos en el marco de la “guerra fría” y la Doctrina de Seguridad Nacional. ¿Qué les parece el oportunismo de estos “conchudos”?

Tegucigalpa, MDC – 26 de agosto de 2009