Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH durante el año 2009

From: Esteban Meléndez C.

Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH durante el año 2009

MC 196/09 - Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

El 7 de agosto de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de personas en Honduras respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una situación de riesgo. Las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las medidas cautelares:

• Gerson Evelar Vilches Almendares, desaparecido. Conforme a lo informado Almendares se habría visto vivo por última vez en manos de agentes del Estado quienes presuntamente lo habrían detenido.

• Eduardo Castañeda Perdomo, abogado, se recibió información indicando que habría sido perseguido por militares y que su vivienda habría sido allanada por miembros de las fuerzas armadas.

• Norma Estela Mejía, vicepresidenta del sindicato Sitrajerzeesh el cual está afiliado a la Central General de Trabajadores (CGT), habría recibido amenazas de muerte por su oposición al golpe de Estado.

• Daniel Durón, líder a nivel nacional de la Central General de Trabajadores (CGT), habría recibido amenazas a muerte. Estas amenazas incluyen mensajes de texto recibidos en su teléfono celular.

• Evangelina Argueta dirigenta de la Central General de Trabajadores (CGT), habría recibido amenazas vía telefónica por su oposición al golpe de Estado.

La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de 48 horas. La lista complementa las que fuesen transmitidas por comunicaciones fechadas el 28 y 29 de junio y el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio de 2009.

Solicitud de información en base al Artículo 41 de la Convención Americana

Por otra parte, la CIDH solicitó información sobre situaciones y/o amenazas y actos de violencia contra personas en el marco de las competencias otorgadas por el Artículo 41 de la Convención Americana, en un plazo de 48 horas, según el siguiente detalle:

Maestro Roger Vallejos Soriano

La CIDH solicitó información sobre la muerte del maestro Roger Vallejos Soriano, quien habría recibido un disparo en la cabeza el 30 de julio de 2009 y posteriormente habría fallecido.

Detenciones

Conforme a la información recibida, varias personas habrían resultado heridas y detenidas en el marco de manifestaciones y protestas, según el siguiente detalle:

Manifestación del 30 de julio en Comayagüela, en que agentes de seguridad con tanquetas antimotines habrían desalojado en forma violenta a los manifestantes con disparos y bombas lacrimógenas. Según la información recibida, habría 61 personas detenidas, de las cuales 16 habrían sufrido heridas y lesiones, según el siguiente detalle:

16 personas que se encontrarían detenidas y que habrían sufrido heridas, fracturadas y golpeadas: Enmanuel Alberto Banegas Caballero, Luis Rodolfo Figueroa, Cristian David Herrera, Carlos Humberto Reyes Banegas, Carlos H. Reyes, Oscar Moncada, Marcial Cruz, Glenys Rodríguez, Alexis García, Nefris Pineda, Ody José Valeriano, Tania Guiselle Guzmán, Carlos Alberto Cuello Canales, Manuel Banegas, Rommel Espinal, Emilio Castro.

45 personas detenidas en la posta policial del barrio Belén: Héctor Armando Romero, Raúl Ernesto Meza, Lester Chávez, Eduardo Lagos, Fran Alexander Hermindo, Fredy Ariel Morazan, Marlon Dagoberto Villalobos, Dia Dec Shofol Rodriguez, Eric Alexander Romero, Dagoberto Aristde Moncada, Edas Dalmiro Moncada, José Ramiro Elvir Matamoros, Quintín García Hernández, Alex Osman Sierra Rodríguez, Rafael Pavón, Modesto Aguilar Herrera, Vivian Ramos Mejía, Oscar A. Flores, Luis Moncada, Julio Salas Posas, Marcos Mendoza, Luis Baquedano, Obed Fernando Banegas, Milton Nahun Borjas, Juan José Vargas, David Varrales, Amado Sandoval Peña, Milton Medardo Torres, José Celestino Barahona, Fernando Izaguirrez, Jorge Luis Ortega, Rudy Izaguirre, Daniel Rivera Amador, Juan Barahona, Cesar Adolfo García, Carlos Ramos, Olvin Mejía, Héctor Manuel Herrera, Johan Ordoñez, Abraham Lincol, Gabriel Galeano, Melvin Roberto Vaca, Gerardo Abrachar Soleno López, Héctor Rolando Hernández, Joel Antonio Munguia.

Posta del Danlí, frontera con Nicaragua, 29 de julio de 2009: Habrían sido detenidos siete Garifunas en un retén de la policía Hondureña, en la posta de Danlí, frontera con Nicaragua. Se denuncia que al momento de la detención se les habría decomisado sus documentos e instrumentos musicales a la vez de haberlos hostigado con manifestaciones discriminatorias por razón de su raza.

Posta del Danlí, frontera con Nicaragua, 25 de julio de 2009: Las siguientes personas habría sido detenidas y se encontrarían en la Posta Policial del Distrito N° 7 de Danlí, en el marco de los actos de violencia acaecidos en el Departamento de El Paraíso el 25 de julio de 2009: Adrián Carranza, Alfredo Redondo Comayagua, Ángel de Jesús Rivera Cruz, Arnaldo Hernández, Brayab Ernesto Ávila (15 años de edad), Carlos Alejandro Hernández, César Samuel Escalante Vásquez, Dave Ezequiel Torres (16 años), David Orlando de Canton, Eduardo Javier Mendoza (de 15 años de edad), Eduardo José Redondo Rudy (de 17 años de edad), Eliasa Mejía, Eráclito Isaac Sierra, Eser Peralta Lavaire (Cruz Roja), Feliz Antonio Doblado López, Florentino Urbina Acuña, Fran Anderson Corrales (16 años), Gustavo Adolfo Suazo, Henry Antonio Molina, (11 años de edad), Jeremías Gómez Comayagua, Jhonatan Noe Osorio Cañada (17 años de edad), Joaquín Rueda Muñoz, Jhony Salgado, Jorge Franciso Valle, José Francisco Sanhesdias, Katerine Romero (14 años de edad), Kenia Sarai Funes (15 años de edad), Leo Gabriel Astriaco, Lidia Margarita Portillo, Linda Rosio Romero (17 años de edad, Luis Beltrán Alvardopadilla, Mario Javier García Mayrena, Marlon Iván Méndez., Marta Socorro, Marvin Javier Sánchez, Maycol Jamel Corrales Ventura (13 años), Miguel Ángel Rodríguez Amador, Milton Ariel Ortiz Sierra (de 15 años de edad), Norma Supaya Ruiz Padilla, Nubia Xiomara Valladares, Orlyn Joel Flores, Roberto Bautista, Rony Misael Mejia Mairena, Sabas de Jesús García Ocampo, Santos Ilarios Sánchez, Sergio Raúl Geresano Correa (de 17 años de edad), Teresa de Jesús Rivera, Vicenta Bautista, Víctor Isaí Soto Hernández, Vilma Yolanda Flores.

San Pedro Sula, 3 de agosto de 2009: El 3 de agosto de 2009 varias decenas de personas habrían sido detenidas y otras tantas resultaron con hematomas y fracturas producto de hechos de violencia registrados durante una manifestación en contra del golpe de Estado en San Pedro Sula. Según lo informado, los hechos de violencia habrían sido perpetrados por agentes policiales, del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS) y efectivos de la 105 Brigada con sede en San Pedro Sula. Se reportó el uso de tanques de agua, gases lacrimógenos y golpes con toletes que dejaron varios heridos. Algunas de las personas que habrían sido detenidas reportadas como parte de los actos de violencia incluyen: Eva Aguilar, Marcela Rosales, Porfirio Castro, José Matías Vásquez, Roberto Mejía, Cristobal, Gustavo, José Edgardo Castro (golpeado), Profesor Gustavo Mejía (director UTR), Prof. Miguel Ramos (subdirector INTAE), Antonio Carballo (director del reyes), Wilson Mejía, Prof. Alexis Orellana, Prof. Osman (Patria de la lima), Porfirio Casco (Padre de familia, Valle de Sula. Golpeado, decomisaron carro y le quebraron los vidrios), Valdemar García, Carlos Muñoz, José Natividad Vásquez, Gustavo Mejía Escobar, Cristóbal Rolando Villafranca, José Luis Argueta, Oscar López, Walter Geovanny Córdova Bermúdez, Edwin Antonio Enamorado, José Antonio Ramos, José Alexis Orellana, Edgardo Castro (quebraron vidrios del carro), Manuel de Jesús Ríos, Manuel Dionisio Montes, José Leonel González, Tony Ulloa, Eugeni Castro Mendoza (fractura en brazo derecho, lesiones brazo izquierdo), Gustavo Henríquez (lesión en la cabeza por golpe con cacha de pistola), Juan Ramón Urbina (golpes en la espalda), José Germán Martínez (golpes en la espalda con la punta del fusil), y Nelly Marcela Rosales (embarazada, Golpes en la rodilla).

Sobre estas detenciones, la CIDH solicita la siguiente información:

1. información actualizada sobre las personas que hayan resultado lesionadas y su estado de salud, así como las circunstancias en las que fueron heridas;

2. la identificación de el o los lugares en los que se encontrarían privados de libertad las personas detenidas durante los eventos antes mencionados, las causas de la detención y si cuentan con representación legal;

3. información sobre las medidas adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos de referencia.

Situaciones

La CIDH solicitó asimismo información sobre las siguientes situaciones:

• Según la información recibida, Radio Globo denunció el 4 de agosto de 2009, haber recibido una notificación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras, que asigna las frecuencias de radio y televisión, con la petición de un abogado que presuntamente tiene oficina en la auditoría jurídico militar de las Fuerzas Armadas, que solicitó suspender al medio por ser usado para cometer delitos de sedición.

• Se recibió información según la cual se habría lanzado un artefacto explosivo contra las instalaciones del Canal 6, en San Pedro Sula, registrado a fines de julio. El canal es conocido por cubrir todos los sectores en relación al golpe de Estado.

• El 5 de agosto de 2009, en la cuidad de Tegucigalpa, una manifestación concentrada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) habría sido reprimida por las fuerzas militares, el Comando de Operaciones Especiales "Cobra" y personal de la Policía Antimotines. De acuerdo a lo informado, las fuerzas de seguridad habrían reprimido a los estudiantes mediante el uso de bombas lacrimógenas, tanquetas de agua con gas pimienta, disparos de arma de fuego, presuntamente con balas de goma. Además, se habrían despojado de sus cámaras de videos a estudiantes que se encontraban documentando la situación, en tanto que un grupo aún indeterminado de manifestantes, habrían resultado heridos. En particular, se recibió información que indica que la Rectora de la UNAH Julieta Castellanos, el Profesor Ramón Romero (también señalado como vice-rector), el Comisionado Universitario Olvin Rodríguez (también señalado como Secretario de la Institución), y el profesor Daniel Matamoros Watson habrían sido agredidos físicamente por miembros de las fuerzas de seguridad, luego de que hubieren intentado mediar con ellos a efectos de evitar represión contra los manifestantes. Finalmente, se indicó que uno de los estudiantes heridos, Allan Noe Hernández, habría sido trasladado hacia el Hospital Escuela, otro de ellos habría recibido atención médica en una institución privada, y que el resto de los heridos habrían sido atendidos en las instalaciones de la misma universidad.

MC 196/09 - Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

El 30 de julio de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de personas en Honduras respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una situación de riesgo. Esta lista de personas protegidas complementa las listas que fuesen transmitidas por comunicaciones fechadas el 28 y 29 de junio y el 2, 3, 10, 15 y 24 de julio de 2009.

La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. A través de la ampliación decidida el 30 de julio de 2009 por la CIDH, las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las medidas cautelares:

• Juan Carlos Trochez, de 24 años de edad, quien habría recibido dos impactos de bala presuntamente como resultado de un ametrallamiento de 11 balazos dirigido a su vehículo el pasado 24 de julio de 2009. Según se informó a la CIDH, Juan Trochez, hijo del diputado del partido Liberal Rodrigo Trochez, habría sido baleado luego de que miembros de la Asamblea hondureña, entre los que se encontraba su padre, denunciaran ante congresistas y senadores estadounidenses en Washington el golpe de Estado llevado a cabo en Honduras.

• Rommel Gómez, periodista de Radio Progreso, y su esposa, Miryam Espinal, quienes estarían recibiendo llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Respecto de Rommel, el 10 de julio de 2009 la CIDH solicitó información en el marco del Art. 41 de la Convención Americana, sin haber recibido respuesta a la fecha.

La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de 48 horas.

Solicitud de información en el marco de la MC 196/09

Asimismo, en el marco de la MC 196/09, la CIDH solicitó información sobre la situación de otras personas, con el fin de tomar una decisión sobre varias solicitudes de medidas cautelares recibidas en razón de los hechos que se describen a continuación:

• La CIDH ha recibido información y solicitudes de medidas cautelares a favor de diputados de la Banca del Partido Liberal y del Partido Unificación Democrática, los cuales habrían sido objeto de actos de hostigamiento. Según se ha informado, estos actos incluirían: disparos en las cercanías de sus viviendas; allanamientos; presunto sembrado de pruebas falsas; inicio de investigaciones por sedición y traición a la patria y el congelamiento de cuentas bancarias, presuntamente como resultado de sus pronunciamientos públicos de condena al golpe de Estado y denuncias de las violaciones a los derechos humanos que se estarían produciendo en Honduras desde el golpe de Estado. Los diputados sobre los que se requiere información son los siguientes:

1. Eric Mauricio Navarrete, diputados del Partido Liberal,

2. Elías Arnaldo Guevara diputados del Partido Liberal,

3. Edna Carolina Echavarría, diputada del Partido Liberal

4. Eleazar Juárez, diputado del Partido Liberal

5. Rodrigo Trochez, diputado del Partido Liberal

6. Manuel de Jesús Velásquez , diputado del Partido Liberal

7. Javier Hall Polio, diputado del Partido Liberal

8. Norma Calderón, diputada del Partido Liberal

9. Gladys del Cid, diputada del Partido Liberal

10. José Simón Azcona, diputado del Partido Liberal

11. Edmundo Orellana, diputado del Partido Liberal

12. Julio Santos, diputado suplente del Partido Liberal

13. Olman Maldonado, diputado suplente del Partido Liberal

14. Dayana Burke, diputada del Partido Liberal

15. Víctor Cubas, diputado suplente del Partido Liberal

16. Francis Hernández, diputado suplente del Partido Liberal

17. Elvira Argentina Valle, diputada del Partido Liberal

18. José de la Paz Herrera, diputado del Partido Liberal

19. Silvia Ayala, diputado del Partido Unificación Democrática (UD)

20. Oscar Mejía, diputado del Partido Unificación Democrática (UD)

21. Marlene Paz. Diputada del Partido Unificación Democrática (UD)

22. Tomas Andino diputado suplente del Partido Unificación Democrática (UD)

• Situación del señor Albencio Fernández Pineda, miembro del CIPRODEH, quien indicó que en múltiples oportunidades, desde el golpe de Estado, frente a su vivienda hubieron disparos con el fin de intimidarlo para que cesara en su denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado. Conforme se ha informado, el señor Pineda se encontraría acompañando alguno de los miembros de diputados hondureños antes mencionada que estarían en Washington. Ante estas circunstancias, la Comisión requiere información referente a los hechos narrados y a las medidas adoptadas a fin de asegurar el retorno seguro del señor Pineda y la comitiva de diputados que retornaría próximamente a Honduras.

• Situación de los comunicadores sociales de Radio PROGRESO y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús de Honduras, situado en la ciudad de Progreso, al norte de Honduras. Se indicó que estos comunicadores sociales estaría recibiendo amenazas en sus teléfonos celulares así como también a través de correos electrónicos. Asimismo, se recibió información indicando que desde el 24 de julio de 2009 la sede del ERIC, se encontraría rodeaba por contingentes de la policía y el ejército fuertemente armados.

Solicitud de información en base al Artículo 41 de la Convención Americana

Por otra parte, la CIDH solicitó información sobre situaciones y/o amenazas y actos de violencia contra personas en el marco de las competencias otorgadas por el Artículo 41 de la Convención Americana, en un plazo de 48 horas, según el siguiente detalle:

Personas o grupos de personas

• Asesinato del joven Pedro Magdiel Muñoz (también identificado como Pedro Ezequiel o Pedro Mondiel Martínez). Según reportes de prensa, su cadáver se habría encontrado el 25 de julio de 2009, en un terreno baldío, cerca de un retén militar, en la ruta a la frontera con Nicaragua y que su cuerpo tenía señales de tortura y múltiples heridas de arma blanca. Los reportes recibidos señalan que la última vez que se habría visto con vida al joven, éste estaría siendo detenido por agentes de la fuerza pública hondureña.

• Situación de Lourdes Amalia Sánchez, miembro del ejército que estaban a cargo de la custodia de la familia del Presidente Zelaya y que estuvo presente el 28 de junio de 2009, a las 5:00 horas, momento en el cual efectivos del Ejército hondureño fuertemente armados, ingresaron a la residencia presidencial y, luego de enfrentarse con fuerzas de seguridad ahí destacadas, privaron de libertad al Presidente Zelaya. Según se indicó a la CIDH, la señora Sánchez habría sido presionada para que cambie su declaración sobre los sucesos de los cuales fue testigo.

• Respecto de los hechos sucedidos en la frontera con Nicaragua el 24 de julio de 2009, se han recibido múltiples comunicaciones relatando la situación vivida en la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de El Paraíso en el cual se encuentra el paso fronterizo con Nicaragua. Según se ha informado, el régimen de facto habría colocado aproximadamente de 15 a 18 retenes militares y policiales presuntamente con el fin de restringir el derecho a la libre circulación de las personas manifestantes. Según reportes de prensa y organizaciones de derechos humanos locales, en estos retenes, cientos de personas habrían sido sometidas a registros degradantes, interrogatorios, decomiso de sus documentos de identidad y en algunos casos detenidas presuntamente ilegalmente por varias horas. Se indico a su vez, que entre los retenes se encuentran aproximadamente 4000 personas sin posibilidad de desplazarse o acceso a alimentación y servicios de salud y sanitarios, dado que el libre tránsito se encuentra limitado con base en los toques de queda decretados, que se habrían extendido durante varios días en esa región. En el contexto de las movilizaciones de personas hacia la zona fronteriza con Nicaragua se habría producido hechos de represión con balas y bombas lacrimógenas. Según se recibió información se registraron tres heridos y decenas de detenidos, quienes habría sido llevados a las estaciones policiales de las ciudades de El Paraíso y Danlí.

- Respecto de las personas a las que se les habría limitado el derecho de circulación en la carretera se incluyen: la Primera Dama de la Nación doña Xiomara Castro de Zelaya y su hija Xiomara Zelaya Castro quienes estarían intentando reunirse con el Presidente Constitucional Manuel Zelaya Rosales. Según se indica, el grupo familiar se encontraba acompañado, entre otros, por los jóvenes Armando Licona y Lenin Ernestos Canales.

- El 27 de julio se recibió una comunicación indicando que los jóvenes Armando Licona y Lenin Ernestos Canales fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del gobierno de facto y conducidos a una posta en el departamento de El Paraíso. Estos, formaban parte de la comitiva de la Primera Dama Xiomara Castro de Zelaya, que pretende llegar a Las Manos, donde se encuentra el Presidente Manuel Zelaya Rosales.

- Se registró otro herido de bala de nombre Moisés Hernández Ventura con disparo de nueve milímetros disparado presuntamente por un miembro de la Fuerzas Armadas de Honduras.

- Respecto de las personas detenidas en las celdas de la policía en el departamento del Paraíso y otras en tapones militares en la carretera que conduce a la frontera con Nicaragua en las Manos, Departamento de El Paraíso, se encontrarían: Mario López, Josefa Escoto, Hayde o Aidé Saravia, Nicole Yánez, Wilfredo Serrano, José Serrano, Eduardo Flores, Donaldo Domínguez, Oqueli Mejia, Marcia García, Martina García, Pedro Aguilar, Ivan Eduardo Sanchez Perez, Cesar Arnoldo Bobadilla, Carlos Geobany Salinas, Elsy Leticia Castellanos, Gilma Siliezar, Lesbia Daniela Velásquez, Julia Bobadilla, Dinora Pineda, Edith Umanzor, Sandra Sandoval, Ramón Roger Díaz, Maritza Azucena Osejo, Concepción Zepeda, Milciades Zuniga, Nidia Osejo, Fatima Melisa Zuniga, Angela Carcomo, Yobany Gonzales, Halvin Alexander Sandoval, Mari Cruz Portillo Varela, Francisco Javier Armas, Blanca Azucena Rodríguez, Balbitrudis sosa Ortiz, Lesbia soriano, Olman Eduardo Soriano, Santos Zacarías Ríos o Santos Sacarías Ríos, Justo Pastor Mondragón, Rufino Aguilar, Karen Martínez, Jonathan de Jesús Canales, Manuel Ordóñez, Clemente Sambrano, Juan Antonio Torres, Domingo Solórzano, Luís Alfredo Funez, Carlos Rodrigues, Oscar Alberto Gonzáles, Rony Martínez (beneficiario de medidas cautelares de la CIDH), Claudia Ruiz, Alexis andino, Juan Carlos García, Oscar Rene Serón, Alfonso Ávila, José Antonio Zelaya, Aída Días Rosales, Flavio Fernando Sevilla Álvarez, Asolia Mineth Gradiz Reyes, Geraldina Pineda, Carmen Sánchez, Vicente Beatriz, Jacobo Pineda, Gustavo Orellana Martínez, Elena Melgar Dubon, Antonio Bustamante, Delhi Patricia Barahona, Merlin Salgado, Nubia Moncada, Oneyda Barahona, Leticia Barahona, Sonia Castillo, Iris Yolanda Ramos Ávila, María Angela Gomes, Elda Barahona, Pablo Balerio, Maria Eugenia Salgado, José Humberto Meza, Javier Escoto Berrios, Santos Cruz.

• Respecto de comunicadores sociales, se informó que el 25 de julio de 2009, un grupo de periodistas extranjeros habría sido agredido por miembros de la Policía en la zona de Danli. De acuerdo a la información recibida, la reportera gráfica Wendy Olivo, de la Agencia Bolivariana de Noticias, habría sido agredida tras intentar tomar fotografías de personas detenidas en un destacamento policial. Se indicó que cuando se negó a entregar su cámara de fotos a los policías, Olivo habría sido golpeada. También otros periodistas habrían sido agredidos al intentar que dejaran de agredir a la fotógrafa.

• Asimismo, reporteros del diario La Tribuna denunciaron haber sido objeto de agresiones por parte de manifestantes presuntamente a favor del retorno del Presidente Zelaya, ocurridas el 26 de julio de 2009 en el departamento El Paraíso. Según la información recibida, un grupo de personas habría intentado quitarle la cámara al fotógrafo Henry Carvajal, y cuando el periodista Martín Rodríguez intervino, también le habrían pegado, al tiempo que los habrían acusado de golpistas. Carvajal habría perdido las fotos que tomó durante ese día.

Situaciones:

• Situación de la Comunidad de Guadalupe Carney, donde residen más de 600 familias aglutinadas en 45 empresas asociativas campesinas. Según se ha informado, la situación de la comunidad reviste especial gravedad presuntamente por las amenazas vertidas en forma escrita por la Cámara de Comercio e Industria de Trujillo quienes habría solicitado expresamente la intervención armada de las fuerzas militares hondureñas contra dicha comunidad señalándola como un bastión de la resistencia contra el golpe de Estado y quienes habrían amenazado con llevar a cabo una intervención armada por propia mano, si el ejército no interviniera.

• Hechos de violencia contra los manifestantes magisteriales en Tegucigalpa y Comayagüela, presuntamente por parte de agentes policiales y militares. Conforme a lo reportado, al menos ocho personas habrían resultado heridas de gravedad, uno de ellos identificado como el maestro Roger Vallejos Soriano, quien habría recibido un disparo en la cabeza. Asimismo, se encontraría herido con fractura de brazo el dirigente y beneficiario de medidas cautelares Carlos H. Reyes. Por otra parte, habrían sido detenidas aproximadamente 200 personas entre los que se encontraría Juan Barahona, también beneficiario de medidas cautelares. La Comisión solicitó información sobre los hechos y las medidas adoptadas a fin de asegurar la vida e integridad de los manifestantes; la identificación de las personas que hayan resultado lesionadas y su estado de salud, así como las circunstancias en las que fueron heridas; la identificación de personas detenidas en el marco de los hechos descritos, y el o los lugares en los que se encontrarían privados de libertad, las causas de la detención y si cuentan con representación legal; información sobre las medidas adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos de referencia.

MC 196/09 – Solicitud de información, Honduras

El 25 de julio de 2009, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión solicitó información sobre la situación de la esposa, la madre, la suegra y los hijos del Presidente Manuel Zelaya Rosales, después de recibir información según la cual se habría obstaculizado su desplazamiento por la zona fronteriza, mediante el cual buscaban encontrarse con el Presidente. La CIDH solicitó la información en un plazo de 24 horas. El 28 de junio de 2009, la Comisión había solicitado información sobre los y las familiares del Presidente Zelaya en el marco de la MC 196-09, con el fin de tomar una decisión sobre solicitudes de medidas cautelares.

MC 196/09 - Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

El 24 de julio de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de personas en Honduras respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una situación de riesgo. Esta lista de personas protegidas complementa las listas que fuesen transmitidas por comunicaciones fechadas el 28 y 29 de junio y el 2, 3, 10 y 15 de julio de 2009.

La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. A través de la ampliación decidida el 24 de julio de 2009 por la CIDH, las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las medidas cautelares:

1. Nahún Palacios, Director de la Televisora del Aguán, Canal 5;

2. María Margarita Zelada Rivas, Diputada por el Departamento de Cortés en el Congreso Nacional hondureño;

3. Gladys Lanza, Coordinadora del Comité por la Paz Visitación Padilla;

4. Elsy Benegas, Presidenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario y dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, COPA;

5. Manuel Montoya, Dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica;

6. Eduardo Flores, Miembro de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, COPA;

7. José Luis Galdámez Álvarez, Director del Programa “Tras la Verdad” de la Radio Globo;

8. Andrés Armando Molina Zelaya (periodista de la radio Radio “Juticalpa” ubicada en el departamento de Olancho);

9. Martha Elena Rubí (propietaria de la radio Radio “Juticalpa” ubicada en el departamento de Olancho) y sus hijos, María José, José Daniel y José Levi, todos de apellido Méndez Rubí;

10. Kenia Irias, Directora Técnica del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y sus hijos Kimberly Nairoby Hernández Irias (16 años) y Jancarlos Emanuel Velásquez Irias (5 años);

11. Lilibeth Reyes Cartagena, Lídice Isabel Ortega Reyes, Keyla Amador e Isis Gabriela Arriaga Hernández, integrantes del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H).

La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas antes del 29 de julio de 2009.

Asimismo, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión solicitó información sobre la situación de las personas y situaciones, según el siguiente detalle:

1. Muerte de Vicky Hernández Castillo (Jhonny Emilson Hernández), Miembro de la Comunidad Travesti por impacto de bala en la cabeza y marcas de estrangulamiento el 29 de junio de 2009, presuntamente durante redadas llevadas a cabo por la Policía Nacional en virtud del toque de queda decretado por el régimen de facto.

2. Situación del señor Ariel Fabricio Varela Moncada, Coordinador Nacional de Tecnología de Care International en Honduras quien habría recibido el 15 de julio de 2009 llamada telefónica con amenazas de muerte para él, su madre y sus hijos.

3. Situación del señor Julio César Dubón del cual se informó que el 15 de julio de 2009 individuos armados irrumpieron en su casa, maniataron al señor Dubón y a su esposa y golpearon a su hijo, amenazándoles de muerte. Asimismo, habrían registraron la casa llevándose bienes personales tales como su automóvil, computadoras y dinero.

4. Investigación policial por funcionarios de la Dirección General Investigaciones Criminales (DGINC) al Centro de Capacitaciones Reverendo Fausto Milla, luego de que su Director Ejecutivo, el Rvdo. Fausto Milla -líder de los movimientos sociales del Occidente del país que se han mantenido en permanente resistencia contra el régimen de facto- diera posada a personas que se habían trasladado desde otro municipio para participar en manifestaciones a favor del Presidente Zelaya.

5. Amenazas y hostigamiento a maestros en los municipios de Trujillo y Tocoa, Departamento de Colon; El Paraíso Copan, Jocon Yoro y Olanchito Yoro por encontrase realizando desde el 28 de junio un paro en protesta al golpe de Estado. Según información recibida, particularmente en El Paraíso Copan, maestros habrían sido buscados por agentes de las fuerzas policiales en sus domicilios y obligados bajo golpizas a asistir a los establecimientos educativos donde se los había mantenido encerrados sin agua por dos días.

6. Prohibición de ingreso a la Casa de Gobierno de la periodista de Radio Globo, Liliet Díaz, sin perjuicio de que está acreditada para ingresar hace más de un año.

7. Canal 8. Este canal, propiedad del gobierno de Honduras, dejó de emitir su señal el 28 de junio de 2009. Cuando volvió al aire unos días después, todo el personal que trabajaba en el canal fue reemplazado por nuevos miembros. Según la información recibida, cambió desde la programación hasta la publicidad de ese canal, para reflejar la opinión editorial del régimen de facto.

La CIDH solicitó contar con esta información antes del 29 de julio de 2009.

MC 196/09 - Medidas Cautelares, República de Honduras

El 15 de julio de 2009 la CIDH decidió solicitar información detallada respecto de la situación de las siguientes personas, sobre quienes recibió información de que se encuentran en riesgo:

1. Juan Carlos Griffin, Fiscal de Derechos Humanos de Tegucigalpa;

2. Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, Alcalde Municipal de la Corporación Municipal de San Pedro Sula (líder del partido liberal).

Asimismo, en el ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH solicitó información sobre la situación de las siguientes personas y eventos:

1. el asesinato, el 11 de julio de 2009, del dirigente popular Roger Bados, en San Pedro Sula;

2. el asesinato, el 12 de julio de 2009, del dirigente popular Ramón García, en Santa Bárbara;

3. la detención, el 11 de julio de 2009, de periodistas de los medios informativos TeleSUR y Venezolana de Televisión, y la conducción de operativos migratorios el 12 de julio de 2009 en el hotel en que éstos se hospedaban. La Comisión solicito información pormenorizada sobre este evento teniendo presente particularmente que 6 de esos periodistas están cobijados por las medidas cautelares dictadas en este asunto.

MC 196/09 - Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

El 10 de julio de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de personas en Honduras respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una situación de riesgo. Esta lista de personas protegidas complementa las listas que fuesen transmitidas por comunicaciones de 28 y 29 de junio y 2 de julio de 2009.

La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. En particular, respecto de las personas detenidas y/o con paradero desconocido, la Comisión solicitó que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad. La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas antes del 15 de julio de 2009.

A través de la ampliación decidida el 10 de julio de 2009 por la CIDH, las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las medidas cautelares:

1. Andrés Tamayo, presidente del Movimiento Ambientalista de Olancho, quien habría sido objeto de amenazas y de agresiones por parte de efectivos de la Fuerza Pública durante una manifestación el 3 de julio de 2009;

2. Angélica Patricia Benitez, ex diputada del Congreso Nacional por el partido Unificación Democrática y esposa del actual diputado del mismo partido, César Ham, respecto de quien se recibió información de que habría sido objeto de agresiones por miembros de la Fuerza Pública el 30 de junio de 2009 y cuya residencia habría sido ametrallada en los últimos días; y

3. Alexis Núñez, Edwin Noel Mejía, Melvin Anael Romero y René Ruiz: sobre estas cuatro personas, la CIDH ha recibido información de que han sido objeto de reclutamiento militar forzoso por parte de efectivos de la Fuerza Pública hondureña y que se desconoce su paradero.

La Comisión solicitó asimismo información sobre la situación de las siguientes personas, sobre las cuales se ha recibido información de que se encuentran en riesgo por su condición de líderes sindicales:

1. Daniel Durón;

2. Eliseo Hernández;

3. Hilario Espinoza;

4. Idalmi Cárcamo;

5. Jaime Vallecillo Turcios;

6. Javier Alonso Valladares Aciego;

7. José Marcial Zúñiga Rodríguez;

8. José Zuñiga;

9. Luis Alonzo Mayorga Galvez;

10. Marco Tulio Sanchez del Cid;

11. Mauro Enrique Soto Gómez;

12. Roque García Solórzano;

13. Rufino García Espinoza;

14. Víctor Arita Petit;

15. Víctor Manuel Izaguirre Varela; y

16. Vladimiro Santos Espinal.

Asimismo, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión solicitó información sobre la situación de las personas y situaciones, según el siguiente detalle:

Personas

1. Carlos Mencía, dirigente campesino y candidato a diputado por el partido Unificación Democrática, respecto de quien se recibió información de la existencia de órdenes de captura en su contra en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro;

2. Lety Orfilia Figueroa Rivera, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón, respecto de quien se recibió información de habría sido objeto de amenazas y que existe orden de captura en su contra;

3. Maribel Barahona, candidata a diputada por el Partido Unificación Democrática, respecto de quien se recibió información sobre la existencia de una orden de detención en su contra en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro;

4. Melany Mercedes Perdomo Gaitán, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón, respecto de quien se recibió información de que habría sido objeto de amenazas y que existe orden de captura en su contra;

5. Paula Durán, maestra, ex comisionada municipal de derechos humanos y líder de una organización local de mujeres, respecto de quien se recibió información se recibió información sobre la existencia de una orden de captura en su contra en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro;

6. Héctor Castellano, periodista, respecto de quien se recibió información de que habría sido objeto de amenazas de muerte;

7. Rommel Gomez, periodista, respecto de quien se recibió información de que habría sido golpeado y detenido, mientras cubría protestas populares en el Parque Central de San Pedro Sula. Se alega también que efectivos de la Fuerza Pública habrían sustraído sus documentos personales;

8. Jorge Otts Anderson, periodista, respecto de quien se recibió información de que los militares le buscaban para aprehender sus instrumentos de trabajo; y

9. Nahún Palacios, periodista, respecto de quien se recibió información de que el 30 de junio de 2009 efectivos de la Fuerza Pública habrían allanado su casa, le habrían confiscado equipos de trabajo, agarraron a sus niños con fusiles y que habrían sido objeto de amenaza por parte de militares.

Eventos

1. los acontecimientos en el aeropuerto de Toncontin el 5 de julio de 2009, en los cuales se reportó muerto Isis Obeth Murillo, y resultaron heridos Adriana Izaguirre, Darwin Antonio Lagos, Guillermo López, José Antonio (sin apellido reportado todavía);

2. le muerte del periodista Gabriel Fino Noriega, corresponsal de la Radio América en San Juan Puebla, Atlántida, asesinado el 3 de julio de 2009 cuando salía de la oficina de la Radio América;

3. el hallazgo de un cuerpo en "La Montañita", con aparentes señales de tortura y una camiseta de apoyo a la cuarta urna; y

4. el hallazgo de dos cuerpos en un barril en Tegucigalpa, con dinero y teléfono intactos y con los brazos amarrados con cordones de zapatos.

Libertad de expresión

1. la interrupción de la señal de radio Santa Rosa de Copán, del departamento homónimo, el 3 de julio de 2009;

2. una manifestación compuesta por varios miles de personas frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa el 3 de julio de 2009, dispersada por militares y policías y en la cual se habría golpeado y detenido a personas;

3. una manifestación compuesta por unos cuatro mil campesinos en el departamento de Olancho, que se encontraba sobre las 2:00 a.m. del 3 de julio de 2009 en el pueblo de Limones cuando fue dispersada por militares y policías y en la cual se habría golpeado y detenido a personas.

MC 196/09 - Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

Enlace a la carta enviada por las autoridades de facto de Honduras el 3 de julio de 2009 sobre MC 196-09

El 3 de julio de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad personal de personas respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una situación de riesgo. Esta lista de personas protegidas complementa las listas que fuesen transmitidas por comunicaciones de 28 y 29 de junio y 2 de julio de 2009.

La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. En particular, respecto de las personas detenidas y/o con paradero desconocido, la Comisión solicitó que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad. La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de 48 horas. A través de la ampliación decidida hoy por la CIDH, las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las medidas cautelares:

1. Adán Funes, Alcalde de Tocoa, Colón;

2. Adelmo Rivera, Alcalde de Sonaguera, Colón;

3. Buenaventura Calderón, líder social de Puerto Lempira, Gracias a Dios;

4. Dagoberto Rodríguez, director de la radio Cadena Voces; se ha recibido indicaciones de que habría sido objeto de amenazas telefónicas;

5. Esteban Félix, periodista de Associated Press; se recibió información de que fue detenido el 29 de junio de 2009 y llevado hasta una oficina de migraciones donde se le habría interrogado por su visado para trabajar en el país;

6. Evelio Sánchez, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón;

7. Fabio Ochoa, Presidente local del partido Unificación Democrática en Tocoa; se recibió información que, tras haber sido víctima de un atentado con arma de fuego antes del golpe de Estado y encontrarse en estado de extrema gravedad, fue desalojado del hospital donde se encontraba bajo tratamiento;

8. Felipe Antonio Gutiérrez, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón;

9. Filemón Flores, asesor del Alcalde de Tocoa, Colón;

10. Geraldina Cerrato, responsable de la oficina municipal de la mujer de la ciudad de Tocoa;

11. Humberto Maldonado, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón;

12. Iris Munguía, Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Honduras; se recibió información que fue detenida en una manifestación en San Pedro Sula el 2 de julio de 2009, y se desconoce su paradero;

13. Juan Ramón Sosa, periodista de La Tribuna, respecto de quien se recibió indicaciones de que fue golpeado e insultado por policías cuando cubría una manifestación el 29 de junio de 2009. Además, se le habría decomisado su cámara de fotos;

14. Manuel Membreño, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón;

15. Nicolás García, periodista de Associated Press, respecto de quien se recibió información de que fue detenido el 29 de junio de 2009 y llevado hasta una oficina de migraciones donde se le habría interrogado por su visados para trabajar en el país;

16. Waldemar Cabrera, líder social de Puerto Lempira, Gracias a Dios; y

17. Wilfredo Paz Maestro, Miembro de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras.

En su comunicación, la Comisión Interamericana también reiteró que, en atención a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deben ser adoptadas todas las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanos, los periodistas, los familiares del Presidente Zelaya, y los observadores internacionales presentes en Honduras.

Adicionalmente, la Comisión solicitó información detallada en el plazo de 24 horas sobre las siguientes situaciones:

Estado de excepción

1. la represión de manifestaciones pacíficas, como resultado de la cual habría personas desaparecidas, heridas, golpeadas, arrestadas y en las cuales se habría lanzado bombas lacrimógenas. En particular, se solicita información sobre una manifestación en San Pedro Sula el 2 de julio de 2009; y

2. el ataque contra el diario La Prensa de San Pedro Sula el 29 de junio de 2009, cuando un grupo de manifestantes habría lanzado palos y piedras contra la entrada del periódico.

Las decisiones de la Comisión se basan en solicitudes de medidas cautelares y hechos de conocimiento público. La lista de situaciones sobre las cuales se solicita información también complementa las listas que fuesen transmitidas por comunicaciones de 28 y 29 de junio y 2 de julio de 2009.

MC 196/09 - Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

El 2 de julio de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de personas en Honduras respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una situación de riesgo. La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. En particular, respecto de las personas detenidas y/o con paradero desconocido, la Comisión solicitó que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad. La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de 48 horas. A través de la ampliación decidida hoy por la CIDH, las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las medidas cautelares:

1. Adriana Sivori, periodista de TeleSUR, respecto de quien se ha recibió información de que fue detenida arbitrariamente por fuerzas militares, despojada de sus equipos de trabajo y documentación, y trasladada a un lugar desconocido

2. Alan McDonald, caricaturista, especto de quien se recibió información de que fue detenido junto con su hija de 17 meses y que un grupo de soldados saqueó su casa y destruyó sus caricaturas

3. Alejandro Villatoro, periodista de Radio Globo,

4. Andrés Pavón Uribe, Miembro del comité de derechos humanos de Honduras,

5. Ángel Alvarado, miembro del comité nacional de resistencia,

6. Arcadia López, Ministra de staff de la casa presidencial,

7. Bertha Oliva de Nativí, miembra del comité de familiares detenidos y desaparecidos de Honduras,

8. Carlos Eduardo Reina, miembro del Comité nacional de resistencia,

9. Carlos Humberto Reyes, miembro del bloque popular,

10. Carlos Melano, Asistente del presidente Zelaya,

11. Clyburn St. John, periodista de TeleSUR,

12. Danny Reyes, dirigente de la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, respecto de quien se recibió de que fue trasladado a una estación policial el 29 de junio de 2009

13. David Ellner Romero, periodista del canal 36 y/o Radio Globo, respecto de quien se recibió información de que fue desaparecido forzosamente el 28 de junio de 2009 por efectivos militares encapuchados

14. Doris García, Ministra del instituto nacional de la mujer,

15. Eduardo Maldonaldo, periodista del canal 36, respecto de quien se recibió información de que habría sido desaparecido forzosamente el 28 de junio de 2009 por efectivos militares encapuchados

16. Edward Yeferí Lobo Sánchez, defensor de los derechos de la niñez y juventud

17. Enrique Flores Lanza, Secretario de la presidencia,

18. Enrique Reina, Asistente del presidente Zelaya,

19. Eulogio Chávez, miembro del Comité nacional de resistencia,

20. Franklin Mejía, periodista de Radio Globo,

21. Freddy Quintero, periodista de TeleSUR, respecto de quien se ha recibido información de que habría sido detenido arbitrariamente por fuerzas militares, despojada de sus equipos de trabajo y documentación, y trasladada a un lugar desconocido

22. Guillermo de Jesús Mayen Jiménez, defensor de los derechos de la niñez y juventud y miembro del partido político unión democrática, respecto de quien se recibió información de que fue perseguido y acosado por las fuerzas de seguridad por su pertenencia al partido unión democrática

23. Hector Licona, funcionario de la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, respecto de quien se recibió información de que habría sido trasladado a una estación policial el 29 de junio de 2009

24. Israel Moreno, director de la Radio Progreso,

25. Israel Salinas, Miembro del sindicato mayoritario,

26. Juan Barahona, miembro del bloque popular,

27. Larry Sánchez, periodista de TeleSUR, respecto de quien se recibió información de que fue detenido arbitrariamente por fuerzas militares, despojado de sus equipos de trabajo y documentación, y trasladado a un lugar desconocido

28. Lidieth Díaz, periodista de Radio Globo,

29. Luter Castillo Harris, Jefe de cooperación externa de a cancillería de la república,

30. Madeleine García, periodista de TeleSUR,

31. Marco Tulio Burgos Córdova, Comisionado Nacional del Comité Permanente de Contingencias,

32. María José Díaz, periodista de TeleSUR, respecto de quien se recibió información de que habría sido detenida arbitrariamente por fuerzas militares, despojada de sus equipos de trabajo y documentación, y trasladada a un lugar desconocido

33. Marvin Ponce, Diputado del congreso nacional por el partido unificación democrática,

34. Matilde Durón Ochoa, defensora de los derechos de la niñez y juventud,

35. Mayra Mejía, Secretaria del Trabajo,

36. Milton Jiménez Puerto, Presidente de la Comisión de Banco y Seguros,

37. Miriam Mejh, Instituto de la Juventud,

38. Orlando Villatoro, periodista de Radio Globo,

39. Patrick Pavón, funcionario de la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, respecto de quien se recibió información de que fue agredido por efectivos de la Policía Nacional y militares

40. Rafael Alegría, dirigente nacional de la vía campesina,

41. Regina Osorio, periodista de TeleSUR,

42. Roger Ulises Peña, sindicalista, respecto de quien se recibió información de que fue atropellado a las 9:00 a.m. del lunes 29 de junio de 2009 por un comando militar y que se encuentra en estado de gravedad

43. Rony Martínez, periodista de Radio Globo,

44. Salvador Zúñiga, miembro del consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras,

45. Sara Elisa Rosales, miembro de la organización las lolas y movimiento feminista,

46. Tomás Andino Mencía, defensor de los derechos de la niñez y juventud.

Por otra parte, la Comisión solicitó información con un plazo de 48 horas sobre las siguientes situaciones:

Estado de excepción

1. si se han adoptado medidas excepcionales para restringir o suspender derechos individuales y, en ese caso, cuáles medidas han sido adoptadas para asegurar la observancia de los derechos fundamentales y garantías judiciales inderogables de las personas;

2. el decreto 011-2009, mediante el cual se restringieron derechos fundamentales;

3. si se ha producido alguna muerte en conexión con el golpe de Estado, y en este caso información específica al respecto;

4. el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes al Ejército;

5. la totalidad de las detenciones que habrían practicado desde el día 28 de junio de 2009 en conexión con el golpe de Estado o en operativos de control de orden público posteriores, identificación completa de las personas detenidas y causas de cada detención, si hay personas recluidas en establecimientos militares o dependencias policiales, si existen personas detenidas incomunicadas y tiempo de incomunicación, si existen disponibles y en funcionamiento recursos judiciales para revisar las causas y condiciones de esas detenciones;

6. la toma de HONDUTEL por parte de efectivos militares; y

7. el corte deliberado de servicios de luz y teléfono.

Libertad de expresión

1. la clausura del Canal 36, el Canal 8 y medios de comunicación estatal;

2. la prohibición al Diario El Tiempo y el Canal 11 de transmitir declaraciones de funcionarios del Gobierno del Presidente Zelaya;

3. la toma y clausura de Radio Progreso por elementos militares;

4. la orden, bajo amenaza de fuerza, para que dos equipos de TeleSUR desmontasen sus equipos e interrumpiesen transmisiones;

5. la prohibición de transmitir a canales de televisión por cable (vg. TeleSUR, CNN, CubaVisión Internacional); y

6. la toma de Radio Globo por elementos militares y las presuntas vejaciones, amenazas e intimidaciones contra su personal.

MC 196/09 - Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

El 29 de junio de 2009, la CIDH amplió las medidas cautelares a favor de Edran Amado López, Bertha Cáceres y César Ham. De acuerdo a la información recibida, fuerzas militares rondarían la casa de habitación de Bertha Cáceres, miembra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y la casa de habitación de César Ham, Diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática, habría sido ametrallada. Asimismo, Edran Amado López, periodista del programa Cholusatsur del Canal 36, habría sido detenido y se desconoce su paradero. La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida y la integridad personal de los beneficiarios; en el caso particular de Edran Amado López, que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad. La CIDH solicitó información en forma urgente sobre la implementación de esta ampliación de medidas requeridas, a más tardar el 1 de julio de 2009. La CIDH dio el mismo plazo para que Honduras informe sobre la situación de Roger Ulises Peña, Alan McDonald, Adriana Sivori, Larry Sánchez, María José Díaz y Freddy Quintero. Según la información recibida, Roger Ulises Peña, sindicalista, habría sido atropellado el 29 de junio de 2009 por un comando militar y se encontraría en estado grave de salud; Alan McDonald, caricaturista, habría sido detenido arbitrariamente junto con su hija de 17 meses en un operativo en el que un grupo de soldados habría saqueado su casa y destruido sus caricaturas; y Adriana Sivori, Larry Sánchez, María José Díaz, y Freddy Quintero, corresponsales de TeleSUR, habrían sido detenidos arbitrariamente por fuerzas militares y despojados de sus equipos de trabajo y documentación.

La Comisión también solicitó a Honduras informar a la CIDH a más tardar el 1 de julio si se ha declarado un estado de excepción y, en ese caso, cuáles medidas han sido adoptadas para asegurar la observancia de los derechos fundamentales y garantías judiciales inderogables. Asimismo, la Comisión Interamericana solicitó se le informe si se ha producido alguna muerte en conexión con el golpe de Estado, y en este caso información específica al respecto; y sobre todas las detenciones que se habrían practicado desde el día 28 de junio de 2009 en conexión con el golpe de Estado o en operativos de control de orden público posteriores, incluyendo información sobre la identidad de las personas detenidas, las causas de su detención, su actual paradero, si hay personas incomunicadas y si existen recursos judiciales disponibles y en funcionamiento para revisar las causas y condiciones de esas detenciones.

En relación a la situación del derecho a la libertad de expresión, la CIDH solicitó que se le informe sobre la presunta clausura del Canal 36, el Canal 8 y medios de comunicación estatal; la presunta toma de HONDUTEL por parte de efectivos militares; el presunto corte deliberado de servicios de luz y teléfono; la presunta orden, bajo amenaza de fuerza, para que dos equipos de TeleSUR desmontasen sus equipos e interrumpiesen transmisiones; la presunta prohibición de transmitir a canales de televisión por cable (TeleSUR, CNN, CubaVisión Internacional); la presunta prohibición al Diario El Tiempo y el Canal 11 de transmitir declaraciones de funcionarios del Gobierno del Presidente Zelaya; la toma de Radio Globo por elementos militares y las presuntas vejaciones, amenazas e intimidaciones contra su personal, incluyendo a Alejandro Villatoro, Lidieth Díaz, Rony Martínez, Franklin Mejía, David Ellner Romero, y Orlando Villatoro, la presunta toma de Radio Progreso por elementos militares; las medidas adoptadas para asegurar la vida e integridad personal de un periodista del Diario El Heraldo que habría sido atacado por particulares durante una manifestación frente de la Casa Presidencial; y la presunta detención de 22 buses en los que se desplazaban miembros de pueblos indígenas provenientes de Olancho y Jesús de Otoro.

MC 196/09 – Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, y solicitud de información sobre otras personas

El 28 de junio de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, Sra. Patricia Rodas. La decisión adoptada por la Comisión se basa en solicitudes de medidas cautelares presentadas por varias organizaciones, así como en hechos de conocimiento público, de conformidad con los cuales la Ministra Rodas ha sido privada de libertad en forma arbitraria y se ignora su paradero. La CIDH requirió al Estado de Honduras que aclare la situación y paradero de la Ministra Rodas; que adopte las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal; y que se disponga su inmediata libertad. La Comisión informó que requiere contar con información, en forma urgente, sobre la implementación de las medidas requeridas, a más tardar el 30 de junio de 2009.

Por otra parte, la Comisión solicitó al Estado de Honduras información sobre la situación de otras altas autoridades estatales, familiares del Presidente Zelaya y líderes sociales, con el fin de tomar una decisión sobre varias solicitudes de medidas cautelares. La CIDH estableció el mismo plazo del 30 de junio de 2009 para recibir información sobre la situación de estas personas y sobre cualquier medida adoptada para salvaguardar su seguridad. La siguiente es la lista de personas sobre las cuales la CIDH solicitó información:

Autoridades estatales

César Ham, Diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática;
Marvin Ponce, Diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática;

Enrique Flores Lanza, Secretario de la Presidencia;

Mayra Mejía, Secretaria del Trabajo;

Doris García, Ministra del Instituto Nacional de la Mujer;

Miriam Mejh, Instituto de la Juventud;

Milton Jiménez Puerto, Presidente de la Comisión de Banco y Seguros;

Marco Tulio Burgos Córdova, Comisionado Nacional del Comité Permanente de Contingencias;

Luter Castillo Harris, Jefe de Cooperación Externa de la Cancillería de la República;

Arcadia López, Ministra de Staff de Casa Presidencial;

Carlos Melano, asistente del Presidente Zelaya;

Enrique Reina, asistente del Presidente Zelaya; y

los demás Ministros, Vice ministros y miembros del Gabinete del Presidente Zelaya Rosales.

Los y las familiares del Presidente Zelaya Rosales

Dirigentes populares

Rafael Alegría, dirigente nacional de Vía Campesina;

Ángel Alvarado, del Comité Nacional de Resistencia;

Juan Barahona, del Bloque Popular;

Bertha Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN);

Eulogio Chávez, del Comité Nacional de Resistencia;

Bertha Oliva de Nativí, del Comité de Familiares Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH);

Andrés Pavón Uribe, del Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH);

Marvin Ponce, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras;

Carlos Eduardo Reina, del Comité Nacional de Resistencia;

Carlos Humberto Reyes, del Bloque Popular;

Sara Elisa Rosales, de la organización Las Lolas y Movimiento Feminista;

Israel Salinas, del Sindicato Mayoritario; y,

Salvador Zúñiga, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.

MC 69/09 – Inés Yadira Cubero González, Honduras

El 6 de abril de 2009 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Inés Yadira Cubero González, en Honduras. En la solicitud de medidas cautelares se alega que la señora Inés Yadira Cuberto González habría sido objeto de un atentado con arma de fuego el 16 de marzo de 2009, presuntamente a raíz de su labor como Presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Corporación Municipal de San Pedro Sula. La solicitud indica asimismo que estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Delitos Comunes de San Pedro Sula, pero que la señora Inés Yadira Cubero no habría sido informada de los resultados de la investigación ni contaría con medidas de protección. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de la beneficiaria, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Esta norma establece que en casos de gravedad y urgencia, y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la CIDH podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado concernido la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas. Si la Comisión no estuviere reunida, el Presidente, o a falta de éste, uno de los Vicepresidentes, consultará por medio de la Secretaría Ejecutiva con los demás miembros sobre la aplicación de esta norma. Si no fuera posible hacer la consulta dentro de un plazo razonable de acuerdo con las circunstancias, el Presidente tomará la decisión en nombre de la Comisión y la comunicará inmediatamente a sus miembros. Conforme al procedimiento establecido, la CIDH podrá solicitar información a las partes interesadas sobre cualquier asunto relacionado con la adopción y vigencia de las medidas cautelares. En cualquier caso, el otorgamiento de este tipo de medidas por parte de la CIDH no constituye prejuzgamiento alguno sobre una eventual decisión sobre el fondo del asunto.

El número de medidas cautelares otorgadas no refleja el número de personas protegidas mediante su adopción; como se puede observar, muchas de las medidas cautelares acordadas por la CIDH extienden protección a más de una persona y en ciertos casos, a grupos de personas como comunidades o pueblos indígenas.