En las negociaciones de San José, ¿dónde está la ciudadanía?

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Manuel Torres Calderón
Periodista de El Inventario

Utilizo deliberadamente el concepto de ciudadanía por dos razones
básicas. La primera es que ha sido el menos manoseado en esta crisis
en la que se ha cooptado o tergiversado hasta la saciedad el
significado de pueblo, sociedad civil, democracia, libertad,
patria...(recuperarlos será una tarea posterior). La segunda razón es
que para mí el concepto de ciudadanía no sólo es la asunción plena de
derechos y deberes, sino que lleva implícita dos características
fundamentales: el sentido de pertenencia a una comunidad y la
preocupación por su destino. Y ambas vienen al caso ahora que se
inician en San José de Costa Rica las negociaciones entre el
Presidente Manuel Zelaya Rosales y Roberto Micheletti, con la
mediación o arbitraje de Oscar Arias Sánchez.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre, así como el golpe de
Estado es golpe de Estado y no sucesión, estas negociaciones son
negociaciones y no simplemente planificaciones. Este era un escenario
previsible, así como de previsible es que de cómo resultado cambios
para no cambiar, como el adelanto de las elecciones de noviembre, o
que sea complejo y prolongado. La restauración legítima de Zelaya
Rosales en Casa Presidencial supone la salida de Micheletti, así como

la permanencia de Micheletti como gobernante de facto supuso la
salida de Zelaya Rosales. Es imposible el uno con el otro
simultáneamente. O es uno o es otro. Pero, como en otras
circunstancias de la vida, siempre hay salidas alternativas que se
negocian conforme la correlación de fuerzas entre los bandos; fuerzas
nacionales e internacionales.

El temor es que esas "alternativas" sean para salvar la formalidad de
la institucionalidad, pero no para encarar el fondo de la crisis.
Honduras no es escenario de una sola crisis, sino de una crisis
múltiple. En estos días aciagos lo que confirmamos es el agotamiento
y desplome de la transición iniciada en 1982 y que no sólo resultó
inconclusa, sino que se desnaturalizó. No es cierto eso de que
"todos" los hondureños y hondureñas somos "responsables" de lo
ocurrido (eso es tan falso como el cálculo del ingreso per cápita que
pone bajo al mismo indicador las ganancias de los grandes empresarios
y los pírricos ingresos de un campesino). Alguna cuota tendremos
todos cuando no hemos hecho lo suficiente para cambiar el rumbo del
país, pero la mayor responsabilidad la tiene esa clase política y
empresarial que en lugar de respetar la Constitución y las leyes y
construir un Estado democrático de Derecho y derechos, terminó
creando un Estado patrimonial y clientelista; capaz no sólo de
ofrecer impunidad, sino de tutelar la pérdida de al menos 800 mil
millones de lempiras en corrupción pública entre 1982 y el 2008. Cabe
preguntarse, ¿dónde fue a parar esa suma?, ¿qué poderes fácticos creó
y consolidó?, ¿Qué repercusiones legales, políticas, económicas y
culturales tuvo? ¿Qué inversión social pudo hacerse con esos
recursos? La influencia de esa fortuna mal habida explica que en cada
gobierno las prioridades nacionales dieron forma a una agenda que
reflejaba más los intereses personales y de grupos que del conjunto
de la sociedad, de tal manera que la democracia representativa, la
que defienden a capa y espada la mayoría de los diputados, consolidó
una elite política que se volvió empresarial y se lucró de sus
influencias y conexiones con el Estado.

El robo de la CONADI de los años 70 es un juego de niños si se lo
compara con el latrocinio de los años siguientes. Ese dinero no sólo
aumentó las cuentas bancarias, destrozó la ética pública y personal,
sino que volvió más poderosos a sus beneficiarios; poderosos dentro
de la ley y poderosos al margen de la ley. La corrupción y no la
legalidad ha sido la base de la gobernabilidad del bipartidismo en
Honduras. Un bipartidismo que no debe reducirse a su mínima
expresión: los partidos Liberal y Nacional. El bipartidismo es un
modelo de hegemonía y usufructo del Estado y la sociedad hondureña
que incluye representaciones políticas, empresariales, sociales y
culturales. Se puede ser o representar intereses bipartidistas sin
militar en el Liberal o el Nacional o, incluso, aparentar estar en la
oposición. Por eso, al mismo tiempo que alienta, preocupa la
negociación que ha comenzado en San José.

Alienta porque no hay duda que debe encontrarse una salida a las
circunstancias agravadas y desatadas por el golpe, pero preocupa en
tanto sean soluciones bipartidistas, sesgadas y evasivas frente a los
grandes desafíos nacionales, con el agravante de un mediador
conservador que podrá tener buena voluntad, pero escaso conocimiento
de la realidad nacional. ¿Cuáles son las expectativas que generan
estas negociaciones? Lo que muchos esperan como saldo es el retorno
a la "paz", la "normalidad", la "tranquilidad" y que represente el
inicio de la "reconciliación nacional". Otros, en la misma dirección
aunque de diferente punto de partida, esperan que logre el "el
retorno a la legalidad de antes del 28 de junio", pero ¿de qué
hablan? ¿A cuál paz, normalidad, tranquilidad, reconciliación
nacional o legalidad se refieren?

¿Paz? Con una violencia que deja más de 4000 asesinatos por año;
¿Normalidad? Con ocho de cada diez familias sobreviviendo en la
pobreza. ¿Tranquilidad? Con la destrucción sistemática de la clase
media; ¿Reconciliación Nacional? Con menos de 3% de la población
concentrando 50% de la riqueza nacional; o ¿legitimidad? Con la
ausencia casi total de seguridad jurídica y verdaderas garantías
individuales.

Tampoco es viable retornar a la situación previa al 28 de junio,
incluida la "cuarta urna", a la que con tanta pasión se opusieron los
llamados "poderes fácticos" y que con tanta pasión respaldaron sus
defensores. En el escenario hondureño el golpe pudo ser previsible y
evitable, pero no se trabajó en esa dirección. El propio Zelaya
Rosales admitió ante la Junta de Comandantes la noche del 24 de junio
que su proyecto había sido derrotado institucionalmente y que lo
suspendería. Ese fue uno de los puntos que no leyó, aunque estaba
escrito en el comunicado, cuando despidió al general Romeo Vásquez y
aceptó la renuncia del Ministro de Defensa, abogado Edmundo Orellana
Mercado. Pero a esas alturas estaba claro que del lado del gobierno
no había más propuesta que la "cuarta urna".

La crisis de fondo, la que se acumula desde 1982, requería del
Presidente Zelaya Rosales una visión y un consenso básico para
intentar los tres desafíos claves postergados de la transición: la
reforma institucional y electoral democrática, que rompiera el
monopolio de la clase política tradicional; la modernización
económica y fiscal con sentido de equidad, tomando en cuenta al
mercado, la ciudadanía organizada y la globalización internacional; y
la consolidación de prácticas y mecanismos de participación
democrática que fueran más allá de lo electoral. Hoy el sistema se
proclama democrático y se da palmadas en la espalda congratulándose
por haber aceptado la candidatura presidencial de Carlos H. Reyes, la
candidatura a diputado de un político de Islas de la Bahía , la
candidatura de Doris Gutiérrez a la Alcaldía de Tegucigalpa y unas
cuantas candidaturas independientes más en pequeñas municipalidades.
Eso es todo; pocas y bajo reglas electorales y políticas desiguales,
pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cacarea como si en lugar de
un huevo, hubiese puesto un asteroide (parafraseando una cita de Mark Twain).

¿Volver a la situación previa al 28? ¿Esa es ahora la propuesta? ¿De
nuevo la única en este momento histórico para el país? ¿Es para eso
que murió el joven Obed Murillo Mencía? ¿A eso se limita todo el
esfuerzo y la esperanza que representa la movilización popular que
todos los días marcha? Hay quienes, en defensa de sus propias
posturas, sostienen que todas las injusticias e inequidades serían
resueltas con la nueva Constitución de la República que prometía la
Asamblea Nacional Constituyente; sin haber cambiado nada previamente
del país, sin que a la presunta "recuperación política" del poder le
correspondiera una recuperación social y económica. En Ecuador, que
es un ejemplo citado constantemente como modelo, la Constituyente y
la nueva Constitución no fueron el inicio de la lucha ciudadana; sino
una de las consecuencias de su fortaleza y capacidad de acción. Aquí
se pretendió hacer lo contrario; tomar la vía más fácil, la
pavimentada, la financiada, que ofreció el ala del Partido Liberal
encabezada por Mel Zelaya.

En San José de Costa Rica no sólo están ausentes quienes puedan
representar la diversidad de la sociedad hondureña sino que están
ausentes propuestas para poner a este país en la dirección correcta.
Aquí ya no vale la pena comparar la "conversión" de Mel con la de
Monseñor Romero; equiparar su sombrero y mostacho con los de Pancho
Villa o asociar su discurso en la Fuerza Aérea con el de Salvador
Allende en La Moneda , y esperar un milagro; las transformaciones no
caen del cielo.

Hasta ahora había sido fácil evadir un debate de la realidad
nacional. La sociedad, de uno y otro lado, fue orientada a
polarizaciones que no necesitaban mayores argumentos: "¡O estás con
Mel o contra Mel¡ o ¡Estás con la "cuarta urna" o contra la "cuarta
urna"¡ o ¡De qué lado estás, de este o del otro¡ No hubo derecho a
preguntar, cuestionar o a dudar por la compra y venta que se percibía
("¿por qué tan purista, compañero?", era la respuesta). Ante el
asombro de un maniqueísmo sospechoso, una doctora me lo dejó claro:
"así están planteadas las cosas..." en blanco y negro. Hoy tenemos un
golpe de Estado de ultraderecha que tiene muchos responsables, no
sólo sus protagonistas directos. ¿Cómo es posible que no se hubiese
previsto y el daño que causaría? Este golpe va más allá de los hechos
inmediatos y contra Mel Zelaya o Chávez. De prosperar no sólo es
contra el presente, sino contra el futuro de Honduras. Es un nuevo
tipo de "guerra fría", la que atenta contra la ampliación de derechos
y libertades democráticas en casi todos los campos de la vida. Es la
defensa a ultranza de un siglo XX, desigual e inseguro, justo cuando
el mundo nos demanda entrar al siglo XXI.

En esa perspectiva, lo que demandamos es que en San José no se
negocie sobre el poder y la impunidad, sino que fuera un punto de
partida para retomar el reto histórico de democratizar verdaderamente
a Honduras, de transformarla en una nación segura, tanto para la
inversión como para la vida. Lista para aprovechar ese bono
demográfico que representa su juventud mayoritaria, y el privilegio
de los recursos naturales de que dispone. Ojala fuera así, pero hasta
ahora Los políticos convertidos en gobierno no han tomado en cuenta
las preocupaciones fundamentales de la población: violencia, alto
costo de la vida, desempleo, corrupción, educación, salud, mala
justicia y falta de esperanza en un futuro mejor. Con la crisis del
Golpe de Estado se refleja precisamente la ausencia de una visión
compartida, de lineamientos y proyectos comunes en la sociedad
hondureña. Ese es el vacío que debemos llenar y la negociación para
lograrlo no debe ocurrir en el extranjero, sino en el interior de
nuestro país. El pueblo ha demostrado una capacidad de resistencia
extraordinaria, pero le faltan las propuestas verdaderas que lo
orienten y movilicen. Y lo peor es que esas propuestas existen, se
han venido trabajando en ellas por años y aparecen por todo el país,
pero pocos han tenido el compromiso verdadero, el tesón, la
disciplina y la energía de acompañarlas. ¿Se imaginan esas miles y
miles de personas que han estado recorriendo las calles y plazas de
nuestras ciudades y pueblos marchando a diario para combatir la
corrupción, el cese de la impunidad y demandar una transformación
real de nuestro país? Sería otra Honduras, no la víctima que es
ahora.

Reitero: esa otra Honduras no vendrá de una negociación entre
políticos y para políticos, ni de una mediación internacional.
Tampoco se hará sin ellos, pero debe ser un esfuerzo fundamentalmente
nacional y de quienes, sin importar su nacionalidad, quieran a este
país y le deseen un futuro mejor. No hay mucho tiempo para lograrlo.
Socialmente, las perspectivas a corto y mediano plazo pueden volverse
insostenibles. Además de las políticas, son malas las noticias por
venir: incremento de los precios de los productos alimentarios,
aumento de las tarifas de los servicios públicos, presiones para la
devaluación, inseguridad social y jurídica, baja inversión privada y
pública, mayor desempleo y subempleo, migraciones forzadas, violencia
desde el Estado, divisionismo entre la propia ciudadanía organizada,
amenazas ambientales y mayores privaciones para la mayoría, pero, con
todo y todo, la coyuntura por el cambio sigue abierta porque no nació
con la Presidencia de Mel Zelaya, ni será detenida por Micheletti.

Hay que tomar la palabra a quienes impulsan las negociaciones de San
José: "convocamos a todas las partes a evitar actos de violencia y a
buscar una solución constitucional, pacífica y duradera a las serias
divisiones de Honduras..."