EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS:EL CONTEXTO CRÍTICO DE LA DEMOCRACIA

From: Leticia Salomón

EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS:EL CONTEXTO CRÍTICO DE LA DEMOCRACIA

11 de julio de 2009 - Este artículo es el tercero de una serie que
se difundió en días anteriores: "Honduras: Políticos, empresarios y
militares: protagonistas de un golpe anunciado", del 29 de junio y
"El golpe de Estado en Honduras: Caracterización, evolución y
perspectivas", del 3 de julio de 2009.
Leticia Salomón2 2 Socióloga y economista hondureña, investigadora
asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), profesora y
Directora de Investigación Científica de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), especialista en temas de gobernabilidad,
defensa y seguridad.

Mientras la sociedad hondureña se debate entre los que están a favor
y los que están en contra del retorno del presidente constitucional
de la República, se escuchan voces diferentes y hasta
contradictorias, a nivel nacional e internacional, que claman por el
respeto a la Constitución de la República y el restablecimiento de la
paz y la democracia en nuestro país, luego del golpe de Estado que
sacudiera la vida nacional y el contexto internacional en los últimos
días; inclusive, han llegado a plantear que la solución de la crisis
política de Honduras se soluciona adelantando las elecciones o, en
último caso, haciendo que el gobierno de facto se mantenga hasta el
día de las elecciones generales programadas para el último domingo de
noviembre del presente año. El anterior es un cuadro confuso porque
mientras todos hablan de los mismos términos, le otorgan significados
diferentes: No es lo mismo que un empresario, un jerarca de las
iglesias del país o un Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
hable de democracia y respeto a la constitución, a que lo haga un
sindicalista, un académico, un campesino o un defensor de los
derechos humanos. Cada quien utiliza los términos y los significados
de manera distinta y con propósitos distintos, incluidos los que
creen que la democracia es simplemente un asunto electoral.

La crisis política asociada al golpe de Estado del domingo 28 de
junio ha puesto en evidencia profundas grietas en el sistema político
hondureño, una enmarañada red de relaciones cercanas y cuestionables
entre políticos, cúpulas religiosas, militares y empresarios, un
sinnúmero de debilidades institucionales y una red de intereses
personales disfrazados de intereses nacionales. También se han dado a
conocer detalles que explican de mejor manera esa extraña asociación
entre personas y grupos vinculados a la política, la religión, los
medios de comunicación y la empresa privada, y comienzan a aflorar
los síntomas evidentes de una democracia deteriorada y amenazada por
un Estado de Derecho en crisis, unos partidos políticos cada vez más
deslegitimados y unos cuerpos represivos que han demostrado sus
renovadas habilidades para enfrentar viejos fantasmas y sacar
provecho de las crisis provocadas por los civiles.

Un cuadro lleno de informaciones y reacciones, difundido por diversos
medios de comunicación, nos presenta el siguiente escenario: una
erogación presupuestaria de cien mil lempiras mensuales (un poco más
de cinco mil dólares) otorgada al máximo jerarca de la iglesia
católica por el ex presidente liberal Carlos Flores (2002-2006), una
de las figuras señaladas detrás del golpe de Estado, para atender
necesidades del cardenalato en un Estado que supuestamente es laico
desde fines del siglo XIX; rescate histórico de las declaraciones de
un sacerdote obligado a salir de Honduras por la represión de los
años ochenta, en las que señalaba al obispo de ese entonces y actual
jerarca de la iglesia católica, de parecer "más un coronel que un
pastor"; una iniciativa de ley presentada y frustrada en 1985 en el
Congreso Nacional, en la que se proponía convertir ese Congreso en
una Asamblea Nacional Constituyente para prorrogar el gobierno del ex
presidente liberal Roberto Suazo Córdova (1982-1986), firmada, entre
otros, por el actual presidente de facto Roberto Micheletti Bain;
difusión de la reforma constitucional del año 2003 (Decreto
legislativo 175-2003 de fecha 28 de octubre del 2003 y publicado en
el Diario Oficial La Gaceta No. 30,269 de fecha 19 de diciembre del
2003) con la cual se elimina la atribución del Congreso Nacional de
declarar "si ha lugar o no a formación de causa contra el
presidente", misma que fue aprobada durante el gobierno del
Presidente nacionalista Ricardo Maduro (2002-2006), cuando fungía
como presidente del Congreso Nacional el Sr. Porfirio "Pepe" Lobo,
actual candidato presidencial por el opositor Partido Nacional;
conocimiento de una circular de la Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa, con fecha 25 de junio (fecha del primer intento de golpe
de Estado), en la que pide a sus afiliados donaciones de mil, dos mil
y tres mil dólares, que serían deducibles del impuesto sobre la
renta, las cuales se destinarían a la defensa de la democracia y la
paz en Honduras.

La prolongación de la situación de crisis derivada del golpe de
Estado permite la estabilización precaria del gobierno del presidente
de facto, aspecto que favorece a los golpistas, pero también permite
que afloren las contradicciones y debilidades de los mismos, que
crezca el rechazo interno y que se sumen personas y sectores que
observan preocupados este peligroso retroceso en el avance del
desarrollo democrático del país. Varios elementos clave se están
posicionando en el escenario político- social del país, lo que debe
llamar a la reflexión sobre las consecuencias del golpe de Estado en
la vida nacional:

Publicación y participación ciudadana activa en el señalamiento de
los diputados golpistas por departamento y por partido al que
pertenecen, con el respectivo llamado a no votar por su reelección en
las elecciones de noviembre próximo y la reacción de algunos de ellos
denunciando que no fueron convocados a la sesión del Congreso en la
que se consumó el golpe de Estado, porque sabían de su oposición al
mismo;

Creciente fastidio ciudadano con la política, lo que vaticina desde
ahora el abstencionismo más grande en los 28 años de democracia
electoral, situación que no parece preocupar a los políticos del
país, porque están acostumbrados a manipular los resultados
electorales e inflar los resultados de uno y otro partido, previo
acuerdo entre los mismos partidos políticos tradicionales, a los
cuales se ha sumado siempre el partido Demócrata Cristiano de
Honduras, para controlar y manejar a su antojo el Tribunal Supremo
Electoral;

Identificación creciente de los personajes que fraguaron el golpe de
Estado y su señalamiento directo en las paredes de la capital y de
las principales ciudades del país, y en la comunicación electrónica
que no ha podido ser controlada por la alianza golpista;

Señalamiento mutuo de periodistas a favor y en contra del golpe de
Estado, precisando que la investigación a unos debe extenderse a la
investigación de otros, para ver de donde provienen sus grandes
fortunas;

Demanda creciente de investigar actos de corrupción y cuantiosas
fortunas a todos los ex presidentes del país, dueños de medios de
comunicación, empresarios y ex funcionarios de gobiernos anteriores,
como respuesta a la investigación y persecución política del
presidente constitucional y sus allegados.

Creciente expresión de las diferencias existentes entre la cúpula de
la iglesia católica, las diócesis y los sacerdotes, en virtud de las
cuales, los más atrevidos sacan pronunciamientos y participan en las
marchas que condenan el golpe de Estado.

Cuestionamiento cada vez más generalizado sobre la necesidad de
mantener la existencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, en
particular de la fuerza ejército, señalando que para lo único que han
servido en toda su historia institucional es para defender los más
fuertes intereses políticos y económicos, y para reprimir a la
sociedad.

Creciente señalamiento nacional e internacional al Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos por su posición pública a favor de
los golpistas y por su defensa de los militares cuando dispararon
contra los manifestantes desarmados.

Marginamiento y auto marginamiento de los candidatos presidenciales
de los dos partidos tradicionales que apoyan el golpe de Estado, con
relación al escenario político nacional; un discurso ligero a favor
de la democracia, la paz, el orden y el diálogo, y un alejamiento
cada vez mayor de quienes decidirán su triunfo o fracaso en las
elecciones de noviembre.

Síntomas de quiebre de la férrea articulación de la alianza política,
económica, militar, mediática y eclesiástica, por presiones internas
de los más afectados por la crisis económica y financiera derivada
del golpe de Estado, entre los que se encuentran sectores vinculados
al comercio, servicios turísticos (bares, restaurantes, agencias de
viajes, hoteles) y bancos (crecen los rumores de retiros cuantiosos
vinculados al congelamiento de cuentas por parte del actual
gobierno). Todo ello a pesar del intento de impedir que las
diferencias partidarias, religiosas o sociales produzcan el quiebre
de una alianza que es mantenida de forma cada vez más precaria.

Todo este cuadro político social, muchas veces confuso, incoherente e
improvisado, anuncia una situación de peligro y crisis del contexto
de la democracia hondureña. En el plano internacional continúan los
debates acerca de la responsabilidad estadounidense en el golpe de
Estado, dividiendo opiniones entre los que creen que fue una
participación premeditada, sin aportar elementos de juicio que
trasciendan la vieja polarización ideológica, muchas veces
anquilosada y ahistórica, y los que la posicionan en la etapa
posterior al golpe, entre los que perfilan al Presidente de los
Estados Unidos y su Secretaria de Estado, por un lado, y, por otro, a
la derecha republicana salpicada de personajes conservadores con
raíces cubanas y venezolanas. Estos nuevos actores de la coyuntura
golpista, mantienen una clara identificación con los conservadores
hondureños, particularmente con el partido Nacional de Honduras,
cómplice del partido Liberal en su aventura golpista; plantean que la
situación de la crisis hondureña se resuelve adelantando las
elecciones, en una salida oportunista que pretende capitalizar el
golpe a favor del partido Nacional, cuyo candidato sería el seguro
triunfador en esos comicios. El partido Liberal, fuertemente
fraccionado en sus adhesiones políticas y tratando de ignorar el
rechazo del voto ciudadano que le dio el triunfo al presidente Zelaya
en las elecciones de 2005, se expone a una derrota electoral que no
podrá revertir su candidato en los pocos meses que faltan para las
elecciones, pues su perfil golpista y profundamente conservador
mantendrá alejando al voto independiente que es el que ha definido
los triunfos electorales en los últimos años. La apuesta oportunista
del partido Nacional por el adelanto de las elecciones generales,
pone en peligro la aceptación ciudadana de su candidato, obtenida
desde los meses anteriores al golpe, y se expone a una identificación
negativa con los sectores más conservadores de su partido y los
sectores conservadores de los Estados Unidos.

La crisis política de Honduras, expresada en el golpe de Estado del
28 de junio, no se resuelve adelantando las elecciones ni proclamando
vencedor al candidato de uno u otro de los partidos golpistas, porque
seguirían manteniéndose las amenazas a la estabilidad política que se
abrieron con el golpe y que no se cerrarán con un proceso electoral
que desde ya se vislumbra deslucido, cuestionado y rechazado por un
fuerte sector de la ciudadanía. Lo que parecen ignorar los partidos
tradicionales y sus respectivos candidatos, es que para superar la
legitimidad precaria derivada de un proceso electoral inserto en un
golpe de Estado, es que el candidato ganador tendrá que hacer
concesiones a la alianza golpista y esto significa el otorgamiento de
cuotas de poder a los militares, los diputados, la empresa privada y
las cúpulas religiosas, para evitar un posible veto al desempeño
presidencial y ahuyentar la posibilidad de un nuevo golpe de Estado.

La solución a la crisis política derivada del golpe de Estado pasa y
debe pasar por la restitución del presidente constitucional de la
república y esto es necesario para la democracia hondureña, para la
gobernabilidad política y social del país e, inclusive, para los
mismos sectores de la alianza golpista que se resisten a valorar en
su justa dimensión el contexto crítico de la democracia que dicen
defender y que se expresa en los siguientes hechos:

Presidentes sin seguridad de terminar su gobierno
Los que hoy se juntan para aplaudir la salida del presidente
constitucional de la república, minimizando el hecho de que ningún
poder del Estado puede atribuirse esa función que no está incluida en
la Constitución de la República, mañana lamentarán que otro
presidente de su simpatía se encuentre en la misma situación porque
el golpe rompió los límites de contención de las emociones e
intereses personales, grupales o partidarios, imperando la ley de la
selva y no los preceptos de un auténtico Estado de Derecho. A partir
de ahora, cuando un presidente sea juramentado en su cargo para un
período de cuatro años, comenzarán las apuestas sobre el tiempo que
durará en sus funciones, repitiendo la vieja historia golpista de
nuestro país cuando llegamos a tener hasta dos presidentes en un solo
año.

Fuerzas Armadas con poder arbitral
Al restablecer el viejo poder arbitral de las Fuerzas Armadas, se
abrió la puerta de su politización y de su poder de veto sobre
cualquier desempeño político y social que se salga de su concepción
del orden, la seguridad y la democracia. A partir de ahora cobrarán
fuerza los viejos fantasmas que tanto ayudaron a las Fuerzas Armadas
hondureñas a convertirse en centro del sistema político del país
durante los casi diecinueve años que transcurrieron de 1963 a 1982, y
de nuevo volverán a militarse el Estado, la sociedad y la cultura
política del país. La persecución ideológica, la intolerancia, el
irrespeto de los militares al poder civil y la intromisión del Estado
en la vida privada afectando los derechos y garantías individuales,
serán apenas un indicio de lo que nos espera en el futuro cercano a
todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, incluidos los que
desconocen la historia cercana y que hoy marchan de blanco clamando
por la democracia y declarando héroe nacional a un militar.

El Congreso Nacional como amenaza a la estabilidad política
El Congreso Nacional se ha caracterizado por su escasa transparencia
en el uso de los recursos públicos, por un reglamento interno que concentra
un poder autoritario en su presidente, una ausencia de rendición de cuentas
sobre su desempeño y por ser un poder paralelo que se origina en el
lanzamiento
de sus presidentes a la competencia electoral por la presidencia de la
república,
a pesar de una reforma constitucional que les prohíbe hacerlo mientras
ostenten
el cargo. La manipulación partidaria del sistema de justicia ha hecho
que dos
protagonistas de la actual coyuntura golpista hayan lanzado sus
candidaturas
presidenciales en ese contexto: a) el Sr. Porfirio "Pepe" Lobo Sosa, actual
candidato presidencial por el partido Nacional, quien logró ganar las
elecciones
primarias de su partido en el 2004 y perdió las generales ante el
candidato liberal
José Manuel Zelaya Rosales en el 2005, y b) el Sr. Roberto Micheletti
Bain, quien
no pudo ganar las elecciones primarias de su partido en el 2008. El año
más crítico
de la confrontación de los poderes Legislativo y Ejecutivo es siempre el
último de
cada gobierno, debido a que en él se definen las adhesiones de los
diputados a los
candidatos de sus partidos y a la utilización electoral de los recursos
que maneja
ese poder del Estado, sujeto a la discrecionalidad de su presidente. A
partir de
ahora, presidente de la república que se atreva a pelear el presupuesto
del poder
Ejecutivo en su último año y evitar la adjudicación de presupuesto
nacional para
el financiamiento de campañas electorales desde el poder legislativo,
puede irse
preparando para enfrentar otro golpe de Estado similar al que se produjo
el 28
de junio: El Congreso Nacional se ha convertido desde esa fecha en una
verdadera
amenaza a la estabilidad política del país.

Institucionalidad débil y con escasa credibilidad
Una característica central de las instituciones estatales hondureñas,
incluidas las
del sistema de justicia, es el fuerte control que ejercen las cúpulas
partidarias
sobre su desempeño. Lo que en otros países más desarrollados se asume con
una gran naturalidad (la independencia institucional para tomar
decisiones con
estricto apego a la ley), en nuestro país constituye la excepción y se
pierde la
majestuosidad de la ley en los oscuros laberintos de la componenda
política.
De ahí la importancia partidaria que se da en el Congreso Nacional al
nombramiento
de las personas que dirigirán estas instancias clave, distribuyéndose
las cuotas
correspondientes, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia cuyos
magistrados
se reparten 8 a 7 los dos partidos tradicionales y cuyo presidente
corresponde al partido
de gobierno, todo ello como producto de los acuerdos políticos que
conduce el
presidente del poder legislativo. Una situación similar se produce con
el Tribunal
Supremo Electoral, la Procuraduría General de la República, el
Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Cuentas: todos ellos
son nombrados
por acuerdos políticos negociados directamente por el presidente de ese
poder del Estado
y los nombrados guardan una subordinación extrema a la cúpula de su
partido, a su
bancada en el Congreso y al presidente del mismo, a quien guardan
lealtad hasta que
llega su reemplazo. De ahí la indefensión ciudadana (y en este caso del
presidente constitucional)
ante una justicia que es manipulada por los dirigentes políticos y ante
instituciones como esas,
cuyos máximos representantes atienden velozmente los requerimientos
políticos de quienes los
favorecieron con tales cargos, aunque estos contraríen los más
elementales preceptos de un
Estado de Derecho.

Sistema político desacreditado
Honduras presenta un cuadro de deslegitimación creciente de los partidos
políticos,
instancias electorales e instituciones del Estado. A la clásica
incapacidad de éste para
responder a las más elementales demandas sociales, se suman los vicios
de la corrupción
y la manipulación partidaria de las instituciones estatales,
característica general de los
partidos Liberal y Nacional, y de los partidos minoritarios que
aprendieron rápidamente
de los vicios y deformaciones de aquellos. Los partidos políticos del
país se han ido desdibujando
ideológicamente y hoy se presentan sin mayores diferencias entre sí, al
grado que, en momento de
crisis como la golpista, tienden a identificarse y aparecer ante la
ciudadanía como un solo partido
conservador. El más afectado con este proceso ha sido el partido
Liberal, otrora líder de reformas
sustanciales y protagonista de los mejores avances en la subordinación
de los militares al poder
civil. Sus más connotados representantes dieron rienda suelta a sus
intereses personales y grupales,
se asociaron al partido Nacional para derrocar a un presidente
constitucional, de un solo golpe
hicieron retroceder al país a la oscura década de los ochenta y tiraron
por la borda importantes
avances realizados en estos veintisiete años de transición y
construcción democrática. Actualmente
existe en sectores crecientes de la ciudadanía un fuerte desencanto
político que todavía no llega a
convertirse en desencanto democrático, pero hay que reconocer que los
partidos políticos,
particularmente los tradicionales, realizan su mejor esfuerzo para lograrlo.

La empresa privada con poder de veto sobre el Poder Ejecutivo
Por todos es conocido el cuestionamiento creciente de los empresarios a
los políticos de oficio,
a quienes acusan de incapaces de enfrentar los retos que plantea el
desarrollo económico,
particularmente el apoyo que el Estado debe proporcionar a los grupos
empresariales que
siempre han vivido bajo su tutela y protección. Su visión instrumental
de los gobiernos les
ha llevado a financiar campañas electorales de candidatos
presidenciales, diputados y
alcaldes liberales y nacionalistas, con el propósito de contar con ellos
para obtener contratos
del Estado, introducir leyes, reformarlas o suprimirlas, de acuerdo a
sus intereses particulares.
La situación ha ido evolucionando hasta negociar la colocación de sus
hombres de confianza
en puestos clave del Estado e inclusive, a lanzar sus propias
candidaturas y las de sus familiares,
para superar la barrera de las intermediaciones y llegar a controlar
directamente el rumbo del
Estado. Los empresarios hondureños se disputan los favores oficiales
para obtener beneficios
directos e indirectos, negocian apoyos electorales a cambio de una mayor
cuota de poder para
intervenir en las grandes decisiones públicas y cuando sienten que no
logran controlar todo lo
que han controlado en los anteriores gobiernos, arman complots,
propician alianzas intersectoriales,
financian manifestaciones y acuden a los viejos fantasmas y sus viejos
instrumentos (las Fuerzas Armadas)
para romper un orden constitucional que sólo es bueno cuando beneficia
sus intereses corporativos.
En relación a la crisis que degeneró en golpe de Estado, sectores
incómodos con el gobierno,
como los vinculados a los combustibles, corte y comercialización de
madera, y productores de
harina y pan, sumaron su descontento por los controles crecientes que
limitaban sus ingresos y
obstaculizaban su impunidad para afectar los intereses nacionales, y se
unieron a los señores
de la industria que, con excepción de las maquilas, se vieron afectados
por el incremento al salario
mínimo, decretado por el gobierno ante la incapacidad empresarial de
negociarlo con los sindicalistas
y la Secretaría del Trabajo. Los empresarios hondureños aparecen en el
escenario político como
golpistas y se evidencian ante la sociedad con un poder de veto sobre
los presidentes que se atrevan
a señalarlos, limitarlos y contrariarlos. Para conseguir sus propósitos
acudirán a todos los fantasmas
que puedan capitalizar apoyos, movilizar creyentes y destituir
presidentes, aún sabiendo que son
sólo eso: fantasmas cuya sombra asusta, aglutina y radicaliza a una
ciudadanía desinformada,
sin cultura política democrática y sumamente vulnerable ante quienes
controlan y manipulan
organizaciones socializadoras clave como las iglesias y los medios de
comunicación.

Comisionado de los Derechos Humanos golpista
Uno de los avances más notables de este período de construcción
democrática fue la creación de la figura del Ombudsman hondureño,
conocida con el nombre de Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos. Durante muchos años llenó el vacío institucional de una
instancia estatal que se encargara de velar por la protección de los
derechos humanos y complementara los esfuerzos que desde la sociedad
civil realizaban organismos defensores de los derechos humanos como
CODEH, COFADEH, CPTRT y CIPRODEH. El primer período del actual
Comisionado estuvo lleno de autoritarismo, confrontación y
deformación del papel del Ombudsman en relación al tratamiento de las
violaciones a los derechos humanos, situación que empeoró con su
reelección legislativa, producto de cabildeos y negociaciones con los
diversos partidos políticos, en particular con el entonces presidente
del Congreso Nacional Roberto Micheletti Bain, a quien el Comisionado
le debe su reelección. Su confrontación con el poder Ejecutivo fue
evidente desde el inicio, al grado que no extrañó a nadie su
posicionamiento al lado de la alianza golpista. Esta situación,
inusual en la vida política del país, y de cualquier otro, deja a la
ciudadanía hondureña en una total indefensión por la anulación de
esta instancia estatal llamada a ser la garante de la defensa de los
derechos humanos de cualquier persona en nuestro país. De nuevo la
politización partidaria de las instancias estatales las utiliza,
manipula y neutraliza, en perjuicio de la ciudadanía.

Cúpula religiosa abiertamente politizada
Desde hace varios años se observa un involucramiento creciente de las
iglesias en la vida pública del país, que va desde el aparecimiento
de pastores evangélicos como candidatos a diputados, hasta insólitas
pretensiones legislativas de dedicar unos minutos de la jornada
escolar pública a la lectura y discusión de la biblia, pasando por
las conocidas invocaciones a Dios en los actos oficiales, prácticas
religiosas en instituciones del Estado y construcción de capillas e
iglesias en las Secretarías de Defensa y de Seguridad. La presencia
de los jerarcas de la iglesia católica ha sido menos evidente pero
más persistente, evidenciando una articulación estrecha entre el
poder político y la cúpula religiosa. A su principal iglesia acuden
los recién nombrados presidentes constitucionales de la república, a
rendir honores a la virgen de Suyapa, oficialmente nombrada capitana
de Honduras, como un rezago de la histórica vinculación entre los
militares y la iglesia. Los pastores evangélicos han intentado
manipular a sus feligreses en las preferencias electorales,
convirtiendo sus centros de reunión, canales y radios, en lugares de
presentaciones de programas de gobierno, con las respectivas
invocaciones a Dios y la consecuente clericalización del discurso
político. En la coyuntura golpista, el papel de las iglesias católica
y evangélica ha estado claramente definido en contra del presidente
constitucional, para lo cual se han valido de la utilización maniquea
del bien y el mal, Dios y el diablo, comunismo y democracia. La
influencia de los pastores y de la jerarquía católica en sus
feligreses ha alimentado la polarización social, la confrontación
entre ricos y pobres, y ha llevado al límite la idea de paz,
democracia, orden y seguridad, atribuyéndose el monopolio de la
verdad y la capacidad para juzgar como enemigos a los que piensan
diferente. La intromisión de las iglesias en el ámbito público
representa una amenaza directa a la democracia y una peligrosa
manipulación de la fe religiosa para apoyar a los candidatos de su
preferencia, cuestionar a los otros e ir construyendo una base de
legitimidad para lanzar sus propias candidaturas políticas, en el
caso de los evangélicos, y, en el caso de la jerarquía católica, para
ganar privilegios, beneficios económicos y fortalecer su poder
arbitral ante los partidos políticos. Estos, a su vez, desconocen las
raíces históricas que separaron a la iglesia del Estado a fines del
siglo XIX, ignoran los límites que les impone un Estado laico y
tratan de capitalizar las preferencias políticas de pastores y
sacerdotes para obtener la legitimidad que tanto necesitan. La
polarización social estimulada desde las iglesias ha impregnado de
intolerancia la vida cotidiana y saturado los espacios religiosos de
mensajes políticos que acercan peligrosamente las iglesias a un mundo
de conflictos, confrontación y luchas que pertenecen al ámbito
público y no al ámbito privado de la religión.

Polarización y manipulación de los medios de comunicación
El periodismo hondureño ha dejado de lado el profesionalismo que
clama la objetividad de la noticia y la consecuente separación de
intereses entre el que informa y el que es sujeto de información,
entre el periodista y el Estado, y, al igual que las iglesias, se van
acercando tanto que se convierten en voceros de quien les paga y
detractores de los opositores del que les paga. La situación se
vuelve compleja desde el momento en que reciben un beneficio
económico para que defiendan al gobierno o una orden de los dueños de
medios para que lo ataquen. No se trata de evadir el tema diciendo
que los medios no regalan la publicidad, el punto crítico es que se
deja de pagar la información y se paga al periodista para que hable a
favor o en contra del pagador. La polarización de los medios de
comunicación entre los que defendían y defienden al gobierno del
presidente constitucional y aquellos que apoyaron y apoyan el golpe
de Estado, puso en evidencia la crisis en que se encuentran los
medios de comunicación para informar objetivamente sobre lo que
ocurre en el país y atender el derecho ciudadano a ser informado con
responsabilidad, objetividad y respeto. De lo anterior se salvan unos
pocos periodistas que se mantienen fieles a la verdad, la objetividad
y el profesionalismo, pero hasta ellos sucumben a la polarización del
país y les cuesta diferenciar entre lo que es defender a una persona
y defender la institucionalidad. El derecho de los periodistas a
informar, oscurecido por su derecho particular a opinar, debe
complementarse con el derecho de la ciudadanía a ser informada con la
verdad, aunque ésta incomode a los que se encuentran en el poder.

Una sociedad fuertemente dividida
Uno de los saldos más negativos del golpe de Estado del 28 de junio
es la polarización extrema de la sociedad entre los que están a favor
y los que están en contra del mismo. La polarización partidaria,
mediática y religiosa ha impregnado la vida cotidiana y obligado a
los más cautelosos a guardar silencio y posicionarse en uno u otro
extremo, cuando no les queda otra alternativa. La polarización se
expresa también en los sectores que apoyan el golpe (los perfumados,
según el criterio popular) y los que lo cuestionan (la chusma, según
los otros) y va dando lugar a una nueva polarización (ricos y pobres)
que desplaza a las polarizaciones más conocidas y mejor manejadas por
la sociedad (liberales y nacionalistas, católicos y evangélicos,
nacionales y extranjeros, jóvenes y mayores, motaguas y olimpistas).
La polarización social, fuertemente estimulada desde los medios de
comunicación y las iglesias, constituye una profunda grieta en la
vida democrática porque ha socavado valores esenciales de la
democracia como el pluralismo, la tolerancia, la solidaridad y el
respeto a la diversidad. Reconstruir la cohesión social es una tarea
urgente para el país que pasa por la exigencia de cuentas a los que
propiciaron esta situación, el rechazo al autoritarismo manifiesto en
los golpistas y la reflexión sobre el papel negativo que han jugado
en este proceso todos los que provocaron, propiciaron y estimularon
la confrontación, para construir colectivamente la memoria histórica
y sacar las lecciones que nos ha dejado a todos esta experiencia
golpista.

Reflexión final
Si después de evaluar el contexto crítico en que se debate nuestra
democracia con los aspectos que han sido señalados, alguien se atreve
a decir -y otros a escuchar- que la crisis golpista se solucionará
anticipando las elecciones generales, podemos irnos preparando, como
país y como sociedad, para enfrentar una de las etapas más oscuras de
nuestro proceso político y podemos sentarnos a esperar en la puerta
de nuestra casa, nuevos, frecuentes e intensos pasos militares
anunciando que la irracionalidad, el fanatismo, la represión y la
manipulación llegaron para quedarse.