From: "Adital - Noticias"
Dos entidades -hondureña y costarricense- de defensa de los derechos
humanos emitieron ayer (8) cartas "de posiciones y recomendaciones"
al presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que está mediando en el
conflicto político de Honduras. Los documentos recalcan que el Estado
de Honduras viene infringiendo garantías fundamentales de la
Convención Americana de Derechos Humanos desde que depuso al
presidente Manuel Zelaya, el último día 28.
En sus respectivos comunicados, el Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) -de Honduras- y el
Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) -de Costa Rica-
recalcan los asesinatos, las varias detenciones y represiones
policiales contra manifestantes hondureños.
"Además de la evidente ruptura del orden constitucional, las
autoridades golpistas han realizado una serie de acciones contra el
deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la
población hondureña, obligación contenida en el Artículo 1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos", señala el comunicado del
CEJIL.
Según datos del CEJIL, cinco personas fueron asesinadas; más de 300
personas ya fueron detenidas por participar en manifestaciones
pacíficas; otras 180 fueron detenidas por no respetar el toque de
queda impuesto por Micheletti; y 18 están siendo procesadas por
"delitos de asociación ilícita y sedición".
Para las entidades, estos hechos deben pesar contra el "gobierno de
facto" durante la negociación mediada por Arias, que ya ganó el
premio Nobel de la Paz por mediación de conflictos en América
Central. Desde la tarde de hoy, el Presidente costarricense está
mediando el conflicto entre el Presidente depuesto de Honduras,
Manuel Zelaya, y el mandatario provisorio, Roberto Micheletti.
"Independientemente de los acuerdos que se establezcan en la
mediación que realizará el presidente Óscar Arias de Costa Rica,
consideramos que existen algunos puntos que no están sujetos a
negociación", expone el CIPRODEH.
El Centro denuncia la impunidad de delitos como "torturas,
reclutamientos forzados, uso abusivo de la fuerza, ataques militares
a la población civil desarmada, ejecuciones extrajudiciales,
atentados a la libertad de prensa y de expresión, detenciones
ilegales, entre otras".
Desde la perspectiva de los derechos humanos, esas acciones "no
pueden ser objeto de negociación bajo ningún aspecto", se posiciona
el CIPRODEH. La entidad incorpora exigencias al diálogo con el
objetivo de restablecer la plena vigencia de las libertades civiles
fundamentales en Honduras.
Las dos entidades denunciaron que están siendo recibidos en las
calles por francotiradores y por policías provistos con gas picante.
En el conflicto del último día 5, el joven Isis Obed Murillo Mencia
fue ejecutado por miembros del ejército hondureño. Otras cuatro
muertes todavía no fueron esclarecidas.
Las dos entidades de derechos humanos exigen además la suspensión del
uso de armas químicas y letales para reprimir a los manifestaciones;
el retorno, sin salvedades, al control civil y bajo supervisión de
organismos de derechos humanos; la suspensión de los mensajes por
cadena nacional convocando a la población a delatar, por mera
sospecha, a manifestantes contrarios al gobierno provisorio;
suspensión del Estado de Excepción, decretado sin seguir
procedimientos constitucionales; y liberación de los presos políticos
capturados después del golpe de estado.
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