sábado, 4 de julio de 2009

Análisis Jurídico

From: luis javier santos cruz

Para aquellos que me preguntaron y para los que no me preguntaron, abajo un artículo que contiene un análisis jurídico-objetivo de lo que ha pasado en Honduras, de Ramiro Aguilar: Un error aberrante. 
 
Quisiera dejar con ustedes algunas reflexiones acerca del brutal golpe  de estado en Honduras y siempre en torno tambien al comentario del mismo que nos hizo llegar el compeañero Joaquin Mejia desde Quito:
 
1. A todas luces es insultante de la inteligencia de todo el pueblo, que nos digan que esto no es un golpe de estado.
2. Igualmente insultante es el hecho de que se hable de una renuncia del Presidente y luego sea sacado del pais por la fuerza..
3. Que yo sepa en base a la Constitucion de la Republica, el ejercito no ejecuta ordenes judiciales sino mas bien la policia.
4. Y en el caso de existir una orden judicial previa al rapto del Presidente, las preguntas serian: Quien dio la orden? Que juzgado? Que Juez? En base a que proceso de investigacion que aporte todas las pruebas que sustenten dicha orden? Porque lo secuestran y lo llevan violentamente fuera del pais si tenia orden de captura?
 
Por razones de tiempo, me detengo aqui pero volvere!!
 

Ramiro Aguilar Torres (*)
L os procesos sociales no se detienen con actos de fuerza

QUITO - He leído que en su primer encuentro con los periodistas extranjeros,

Roberto Micheletti, con la Constitución de Honduras en la mano, ha dicho que en su país no se ha producido un golpe de Estado sino que ha operado la sucesión constitucional. Sostuvo además que el ejército simplemente cumplió con una orden del Tribunal Supremo.
Quiero analizar el tema desde la óptica del derecho.

El procesamiento penal del presidente Zelaya no conlleva su destitución del cargo. No hay que olvidar que todo procesado, hasta que tenga sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra, goza de la presunción de inocencia; por ende, si El Tribunal Supremo ordenó el procesamiento del Presidente, esto no era causal de destitución, ni en Honduras ni, creo, en ninguna parte del mundo.

En el mismo orden de cosas, si el TS ordenó la prisión de Zelaya, no veo la relación entre esa orden y el envío al extranjero del Presidente Zelaya, incumpliendo precisamente esa orden. Me explico: la orden era apresar, no exiliar. Y lo que es jurídicamente inadmisible es que hayan intervenido, en la ejecución de la supuesta orden de detención  contra el Presidente Zelaya, las Fuerzas Armadas. 

Esto es un golpe militar por donde se lo mire.

Roberto Micheletti se olvidó de leer a los periodistas extranjeros el Art. 3 de la Constitución de Honduras que dice: "Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional". Micheletti ha asumido el poder por la fuerza de las armas; en consecuencia, sus actos son nulos. Eso dice la Constitución que él afirma defender.

Lo que los políticos profesionales hondureños y sus Fuerzas Armadas no han entendido es que los procesos sociales no se detienen con actos de fuerza. Si las desigualdades sociales y económicas del pueblo hondureño le llevaron a confiar en el Presidente Zelaya, en la medida en que estas persistan, habrá uno, dos o tres Zelayas en el horizonte político de esa nación.  Esa es la gran lección que dejaron las terribles y despreciables dictaduras militares latinoamericanas del siglo pasado. Persiguieron, mataron, descalabraron a los militantes de izquierda pero no modificaron los problemas sociales y económicos que justificaron esa militancia. Hoy, otros hombres y mujeres, dolidos de la traumática experiencia política de la represión y desencantados del neoliberalismo, han acogido el populismo "izquierdista" convencidos de él; y los militares golpistas y violadores de los derechos humanos están muertos o envejecidos y procesados.  ¿Sirvieron de algo las dictaduras a no ser para enriquecer a unos pocos y sembrar el miedo en muchos? Es increíble que el ejército hondureño no sepa leer esta simple lección de la historia y se haya metido en una ruindad de la que saldrá denostado absolutamente.

Si el Presidente Zelaya cometió un delito al querer quebrantar la Constitución – hecho por demás absurdo si lo que pretendía era convocar a un plebiscito al pueblo soberano – hay mecanismos institucionales para procesarlo. Lo que ha hecho la clase política hondureña es, como he dicho líneas arriba, un golpe militar, aberrante desde todo punto de vista.

Aquí debo decir que escribo desde un país que ha interrumpido desde 1997 hasta el 2005, períodos constitucionales de presidentes legítimamente electos: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.  El propio  Rafael Correa fue ministro de economía del Presidente Alfredo Palacio que asumió el poder luego del derrocamiento del Presidente Gutiérrez. La única herencia que ha obtenido el Ecuador de su crisis política es el interinazgo constante  de sus instituciones y el deterioro absoluto del derecho. Romper regímenes constitucionales para que los pueblos votantes vayan de mal en peor, no es el camino. Lo aprendimos los ecuatorianos a un costo muy alto.

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