El gran reto

La misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se enfrenta al máximo reto de coadyuvar a la solución de la crisis política de Honduras, la que hasta ahora no presenta viso de salida, en tanto parece ir desvaneciéndose el espíritu del Acuerdo de San José.

El jefe de Estado de facto Micheletti persigue descalificar el rol de mediación de la misión de la OEA cuando declara que “Ellos vendrían como testigos de honor a una mesa de diálogo. Esa es la pretensión del gobierno: que no vengan aquí en posiciones, donde nosotros no vamos a aceptar, como no hemos aceptado anteriormente”.

La misión de la OEA, encabezada por el secretario general José Miguel Insulza, la integran los cancilleres de Brasil (Ruy de Lima Casaes e Silva), Costa Rica (Bruno Stagno), Ecuador (Fander Falconi), El Salvador (Hugo Martínez), España (Juan Pablo de la Iglesia), Guatemala (Haroldo Rodas), Panamá (Juan Carlos Varela), los vicecancilleres de Canadá (Peter Harder) y Jamaica (Kennedth Baugth), el representante de Argentina en la OEA (Hugo Hill) y el representante del secretario de las Naciones Unidas.

Una lista impresionante de “testigos” de calidad, que arribarán a una Honduras en estado de sitio, pues el dictador Micheletti, que recibirá a la delegación de la OEA “con el corazón abierto”, ha declarado –junto a la congresista republicana cubano-americana Ros-Lehtinen, recalcitrante golpista—que ha derogado el decreto del estado de sitio, aunque continúa vigente mientras la derogación no sea publicada en el Diario Oficial “La Gaceta”, tal como lo ha precisado el secretario de facto de la Presidencia (otro dictadorzuelo) Rafael Pineda Ponce.

Más aún: la misión de la OEA será “testigo de honor” de la burla y el menosprecio de las autoridades a la población, con la que juega al gato y al ratón manipulando a su gusto las leyes, en un país donde no hay libertad de expresión aun cuando se promulgue la anulación del Estado de sitio, en virtud de que los medios clausurados y confiscados --en violación de los artículos 72, 73 y 74 de la Constitución de la República-- siguen condenados al silencio mediante otro decreto ejecutivo totalmente ilegal en el que se instruye a CONATEL (Compañía Nacional Telefónica) a que les impida su funcionamiento.

La pregunta que nos hacemos todos, en estas circunstancias, es ¿a qué viene la misión de la OEA cuando parece muy clara la determinación del régimen de facto de mantenerse en el poder, a como haya lugar y cueste lo que cueste? ¿Dónde quedará, entonces, el mandato de la asamblea general de la OEA y la resolución de la ONU sobre el punto esencial de este conflicto, o sea la restauración del orden institucional con el restablecimiento del gobierno constitucional presidido por José Manuel Zelaya Rosales?

La cuestión fundamental, tanto para los hondureños como para la comunidad internacional, es dejar de una vez por todas establecido que no se aceptan los golpes de Estado –militares o no— ni gobiernos dictatoriales en América y en ninguna otra parte del mundo.

Para la nación hondureña sería una tragedia que se consolidara un statu quo de control absoluto del poder público por parte de la fuerza militar, apoyada por una minoría opulenta, dueña de los partidos políticos, de la mayoría de los medios de comunicación social y respaldada internacionalmente por la ultraderecha cavernícola cubano-americana.

Ese es, entonces, el gran reto. Las elecciones generales de noviembre próximo vendrían a ser, en este contexto, más de lo mismo si no se restituye el Estado de derecho, pues nunca podría ser un proceso respetable en las condiciones creadas por el golpe de Estado militar del 28 de junio, que, por cierto, ofende la conciencia de la mayoría del pueblo hondureño, cuya aspiración es vivir, aunque sea mínimamente, en un mejor país.